Los rectores dan la espalda a la comisión negociadora que propuso Esperanza Aguirre

Los rectores españoles plantaron cara ayer a la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, cuya iniciativa de crear una comisión mixta Administración-Rectores para analizar las reformas universitarias fue calificada de "innecesaria" por la asamblea extraordinaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Los responsables universitarios aceptan el diálogo exclusivamente para "aclarar, concretar y, eventualmente, desarrollar" sus demandas, pero "en modo alguno" para negociar. Además de emplazar a Aguirre a asumir sus responsabilidades como gobernante y tomar decisiones, los rectores le dan un plazo de 30 días para responder a sus planteamientos.

"Venimos diciendo lo mismo desde hace tres años, nuestros documentos son repetitivos hasta la extenuación, y seguimos estando donde estábamos", dijo el presidente de los rectores, Carles Solà, quien recordó que en ese periodo ha habido tres ministros, cinco secretarios de Estado de Universidades y cuatro secretarios generales del Consejo de Universidades, órgano consultivo del Gobierno y de coordinación de las universidades.Solá insistió en la buena calidad de la Universidad española, pero añadió que la gravedad de los problemas que tiene planteados hace imprescindible abordarlos "con urgencia y todos a la vez".

Estos problemas son: reforma de los planes de estudio para aligerar la sobrecarga lectiva de los estudiantes, Cambio de la carrera docente para resolver la precariedad profesional de 20.000 profesores, modificación del reglamento del Consejo de Universidades, reforma del doctorado y mejora de la financiación universitaria.

Los cuarenta rectores que asistieron a la asamblea quisieron hacer una demostración de unidad posando para los fotógrafos y las cámaras de televisión. Después, durante la rueda de prensa, la mayor parte de ellos rodeó al presidente de la CRUE, Carles Solà, al que, no obstante, acababan de enmendar rotundamente la plana durante la asamblea.

En un almuerzo celebrado el pasado día 6 en el ministerio, Solà respaldó la propuesta de Aguirre de encauzar las diferencias creando una comisión mixta Administración-Rectores presidida por Luis González Seara, que fue ministro de Universidades e Investigación entre 1979 y 1981 bajo la presidencia de Adolfo Suárez.

El objetivo planteado de forma prioritaria fue la reforma de los planes y del profesorado. La aceptación de Solà recibió críticas de algunos de sus compañeros, quienes la consideraron claudicante ante una maniobra de Aguirre para ganar tiempo y enfriar los ánimos de los rectores, cuyas críticas en los discursos de apertura de curso alarmaron a,la ministra.

El texto aprobado ayer por la CRUE consta de tres párrafos cuya firmeza de planteamientos es creciente:

1. "La Conferencia de Rec.tores estima que teóricamente es innecesaria la creación de una comisión de cualquier naturaleza, pero no se niega al diálogo, que siempre es fructífero".

2. "En todo caso, entendemos la, comisión propuesta por la señora ministra como un mero grupo de trabajo y en modo alguno una mesa de negociación, cuyo objeto es exclusivamente, por parte de la CRUE, aclarar, concretar y, eventualmente, desarrollar los acuerdos adoptados por la Conferencia de Rectores. Estos acuerdos fueron remitidos en su día a la señora ministra y, en principio, aceptados. No se cuestionan en este momento las competencias del Consejo de Universidades, cuya reforma, en todo caso, es uno más de los acuerdos de la CRUE".

3. "La Conferencia de Rectores espera una pronta respuesta y, en todo caso, antes de la celebración de la Conferencia convocada por la CRUE en Salamanca [el 17 de noviembre], por parte de la Administración, representada en este grupo de trabajo, y a quien corresponde la responsabilidad de tramitar las reformas legales correspondientes".

Reacción de Aguirre

La decisión de la CRUE fue acogida sin dramatismo por el Ministerio de Educación. La propia Aguirre expresó en un comunicado que la posición de los rectores es de "difícil interpretación", ya que se considera innecesario el grupo de trabajo al tiempo que se designa a una representación de alto nivel. ,Con cierto tono irónico, la ministra añade que espera del rector Solà "una aclaración fundamentada sobre el alcance de la decisión de la asamblea".Colaboradores de la ministra dividieron a los rectores en dos grupos: los dialogantes, con Solà a la cabeza, y los opuestos al diálogo, quienes consideran que ya han dicho su última palabra y sólo queda que la Administración la ponga en práctica.