El Gobierno se salva gracias a CiU del rechazo a la ley que le permitíra extraditar asilados

Los anclajes del pacto entre Convergència i Unió y el Gobierno parecen de momento muy sólidos. Tanto que ayer sirvieron, junto a la ausencia de 18 diputados socialistas, para evitar al Gobierno una sonora derrota, como lo habría sido la devolución al Ejecutivo de la Ley Orgánica de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista y por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fueron derrotadas por el estrecho margen de 12 votos -144 a favor de la devolución y 156 en contra-. Faltaron 18 diputados del PSOE y 6 de IU.

Si no hubiera faltado a la votación ningún diputado, el Gobierno habría perdido la votación por 176 votos frente a 172. Pero estuvieron ausentes 13 diputados del PP, 3 de CIU, 18 del PSOE, 4 del PNV -varios abandonaron el hemiciclo poco antes de la votación- y 4 del Grupo Mixto.La estrechísima victoria no impidió que el proyecto fuese duramente vapuleado por todos los grupos de la Cámara, incluido CiU, con excepción del Grupo Popular. La diputada del Grupo Mixto por el Partido Democrático de Nueva Izquierda, Cristina Almeida, le recordó a la ministra que "los proyectos de ley que trae a la Cámara no tienen muy buena suerte". No le faltaba razón, porque la avalancha de críticas fue de tal intensidad que el proyecto, desde el punto de vista político, salvó la cara pero quedó literalmente destrozado para su posterior tramitación en el Parlamento.

La portavoz socialista, María Teresa Fernández de la Vega, no tardó ni cinco segundos, al iniciar su intervención, en tachar al proyecto de "políticamente inoportuno y pernicioso, constitucionalmente inaceptable, jurídicamente insostenible e inadecuado, técnicamente defectuoso y, lo que es más grave ( ... ), conforma uno de los casos más flagrantes de intentos de esquivar los controles democráticos en un Estado de Derecho, creando una zona de discrecionalidad tal del Gobierno que no tiene precedentes en nuestra historia dernocrática".

A partir de ahí, Fernández de la Vega explicó los distintos apartados que, a su juicio, resultan inaceptables para un Estado de Derecho. Citó para argumentarlo que se encorseta la acción exterior del Estado, que le obligará "a dificilísimas negociaciones"; que "España asume obligaciones unilaterales internacionales de forma gratuita"; que se renuncia a principios fundamentales en la extradición y la incriminación de personas, y que, en el colmo de lo insólito, el proyecto trata de imponer "obligaciones a todos los Estados miembros de la Unión Europea". Además prevé la extradición de personas que gocen del estatuto de asilados y de ciudadanos acusados de delitos políticos.Recelos en el Gobierno

Lo que podía parecer un exceso de crítica política por parte de la portavoz del principal partido de la oposición contó con el apoyo unánime del resto de los grupos, exceptuado el Partido Popular. Felipe Alcaraz, en nombre de Izquierda Unida-IC, aseguró que se trata "de un proyecto absolutamente innecesario y, desde luego, técnicamente es muy malo". Alcaraz recordó a la ministra que varias instancias gubernamentales se habían pronunciado en contra del proyecto aunque, dijo, "han tenido que acallar sus críticas más o menos públicas".Según Alcaraz, han criticado el proyecto los Ministerios de Administraciones Públicas, de Interior, de la Presidencia, de Industria, de Energía y de Asuntos Exteriores.

Fuentes de CiU aseguraron tras el debate que "el Ministerio de Asuntos Exteriores contempla con enorme disgusto el proyecto de ley, pero han evitado un enfrentamiento por entender que en la balanza política, ante el presidente del Gobierno, podría salir ganando Justicia".

Cristina Almeida pidió que los portavoces se sienten con tranquilidad "no para enmendar algo que no tiene enmienda, sino para elaborar algo que pueda tener solución", y Begoña Lasagabaster, en nombre del Bloque Nacionalista Galego y de su partido, Eusko Alkartasuna, descalificó rotundamente el proyecto y llegó a pedir a la ministra que lo retirase "de oficio".

Otro socio del Gobierno, Coalición Canaria, por boca de su portavoz Luis Mardones, advirtió que la propuesta del Gobierno contiene extremos sobre los que "no se puede hacer ningún apaño, ningún enmascaramiento, porque son principios fundamentales, no ya solamente constitucionales, sino principios de legalidad penal que son base del Estado de Derecho". Se refería, por ejemplo, a la excepción que hace la ley del principio de doble incriminación; es decir, que el delito por el que se acusa a un ciudadano esté recogido tanto en las leyes penales de su país como en las del que lo juzgue.Mardones advirtió también que si este proyecto se aprueba, "el Ministerio de Asuntos Exteriores no podrá, firmar prácticamente ningún acuerdo bilateral con ningún otro país en temas penales que estén relacionados con la cooperación jurídica internacional".

Margarita Uría, en nombre del Partido Nacionalista Vasco (PNV), aseguró, para no dejar dudas sobre su rechazo al proyecto, que no había presentado enmienda de totalidad "en un intento de sostener el proyecto del Gobierno", como ha hecho en otras ocasiones, pero que una vez presentadas enmiendas de totalidad por parte de dos grupos, se sumaba a ellas para votarlas favorablemente y solicitar su devolución al Gobierno.