Ni cuotas ni sanciones

LA PONENCIA conjunta del Parlamento de Cataluña que ha elaborado la ley del uso de las lenguas terminó sus trabajos de forma poco satisfactoria. El consenso que rodeó a la ley de normalización de 1983, el blindaje jurídico que le proporcionó el Tribunal Constitucional y las posibilidades legales todavía no agotadas de profundizar en una política lingüística de fomento de la lengua históricamente discriminada obligaban al Gobierno catalán a la mayor prudencia a la hora de emprender nuevas iniciativas legislativas. Era imprescindible que demostrara la perentoriedad de una nueva ley, que actuara con el máximo consenso político y social y que no pusiera en peligro el patrimonio de cohesión social que puede exhibir legítimamente la Cataluña autónoma.La ponencia conjunta de todos los grupos era el método adecuado para atender a estas exigencias. Pero sus trabajos han dejado tantos temas abiertos y ofrecen discrepancias tan palmarias que sólo cabe esperar una agudización de las diferencias hasta convertir el debate de la ley en una batalla política con fuerte incidencia de las conveniencias tácticas de los partidos. CiU ha renunciado a uno de los aspectos más polémicos de su proyecto: la exigencia de que los comerciantes y profesionales respondieran al cliente en el idioma que éste eligiera, catalán o castellano. Pero la persistencia de un régimen de sanciones y de cuotas, aplicado indirectamente a través de la normativa comercial, convierte en inaceptable el texto actual. El debate político y social abierto ha demostrado que el Gobierno catalán lanzó la iniciativa sin tener garantizado un consenso básico ni haber previsto resistencias sociales como las de círculos económicos ideológicamente nacionalistas pero que ven un peligroso peaje en la obligación del etiquetado en catalán de algunos productos, lo que podría afectar a la libre circulación de mercancías en España y en la UE.

Aunque la ley de 1983 no resuelva todos los problemas de presencia institucional y social del catalán, es difícil pensar que la solución está en su sustitución por una ley tan intervencionista. Quienes apoyan una nueva ley enumeran casos de discriminación en la legislación general. Pero la solución a este problema no podrá ser una réplica al revés catalana, sino la rectificación de las leyes españolas discriminatorias. Sería preocupante que en lugar de buscar un consenso facilitado por la alianza PP-CiU en el ámbito español se hubiera elegido esta opción para marcar distancias en la política catalana.

Garantizado a través de la normativa escolar que todos los ciudadanos de Cataluña conocerán el catalán, es bien legítimo garantizar ahora la posibilidad de usarlo a través del fomento de todas sus manifestaciones y la estricta vigilancia de la igualdad institucional; pero no por imperativo de una ley con rasgos intervencionistas y coercitivos, elaborada sin consenso y cuya aplicación plantea riesgo de fractura cívica.