La ONU investiga la pena de muerte en EE UU
¿Estados Unidos inspeccionado por las Naciones Unidas como si de una dictadura del Tercer Mundo se tratara? Sí, el abogado senegalés Bacre Waly Ndiaye, relator de la Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbritrarias y Sumarias, lleva una semana viajando por este país para investigar qué es lo que pasa con el alarmante incremento en la aplicación de la pena de muerte en una nación que se proclama adalid los derechos humanos. Las autoridades norteamericanas no le están haciendo demasiado caso en sus trabajos.
Es la primera vez que un enviado especial de la ONU pone los pies en EE UU para preparar un informe para la Asamblea General sobre las ejecuciones judiciales y las muertes violentas en las cárceles y dependencias policiales. Y la segunda en el medio siglo de vida de la organización internacional en que inspección. La anterior, en 1994, estuvo relacionada con la discriminación racial.Ndiaye tiene el preceptivo permiso del Gobierno norteamericano, pero la Comisión de Derechos Humanos ha, denunciado que las puertas de los despachos más importantes se le cierran una y otra vez. El abogado senegalés no ha conseguido todavía ninguna de, las entrevistas solicitadas con el presidente Bill Clinton, el vicepresidente Al Gore, la fiscal general Janet Reno y algún miembro del Tribunal Supremo.
La pasada semana, el relator de la ONU fue atendido en Nueva York y Washington por funcionarios de escaso rango, que le enviaron a visitar prisiones de Florida, Tejas y California. Antes de emprender su visita, el abogado senegalés, según ha declarado a The New York Times, tenía dos certezas. La primera es que el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos otorga a los detenidos en comisarias y prisiones más protección que la estipulada por la Constitución norteamericana. La segunda es estadística: Estados Unidos es uno de los países que más ha extendido en los últimos. años la aplicación de la pena capital.Ndiaye, que no cobra de la ONU y ya ha visitado países como Bosnia y Ruanda, se declara contrario a la pena de muerte, pero no discute a EE UU su derecho a aplicarla. Aunque, eso sí, cree que "ese castigo debería ser una medida excepcional, no un modo de combatir cualquier tipo de dificultades qué tiene un país". Y añade: "Sólo debería ser impuesta tras un juicio con garantías, y jamás a menores, embarazadas y retrasados mentales".La pena de muerte fue restaurada en EE UU en 1976 por una decisión del Tribunal Supremo de la que dos de sus miembros, los jueces Lewis Powell y Harry Blackman, luego se arrepintieron. Desde entonces han sido ejecutadas 380 personas, ante la indiferencia, si no la aprobación, de la mayoría de la opinión pública, a la que no le importa que en este asunto su país se alinee con China, Irak, Irán y Arabia Saudí.
El ritmo de las ejecuciones se ha acelerado en los últimos años y las protestas internacionales son vanas. Virginia ha ejecutado con inyección letal a Joseph O'Dell y Mario Benjamín Murphy, pese a las peticiones de clemencia para el primero del Papa y el primer ministro italiano y del Gobierno de México para el segundo.
En su última asamblea, la Asociación de Abogados Norteamericanos (ABA) pidió la suspensión de todas las ejecuciones pendientes. "En un caso tras otros", dijo la ABA, "la decisión de quién debe morir y quién debe vivir no se basa en la naturaleza del crimen cometido, sino en la calidad de la defensa legal que recibe". Según los abogados, la pena de muerte se ha convertido en "un instrumento discriminatorio" contra las minorías, los disminuidos y los menores.
Un español, Joaquín José Martínez, condenado en Tampa (Florida) por un doble asesinato del que se declara inocente, se encuentra entre las 3.200 personas que tiene cita con el verdugo en los corredores de la muerte norteamericanos.
