Bruselas aplaza una semana la decisión sobre la 'ley digital'

Los jefes de gabinete de la Comisión Europea aplazaron una semana más la decisión sobre la ley digital española. El aplazamiento fue decidido por el secretario general de la Comisión, el holandes Carlo Trojan, a petición del representante de la comisaria danesa Ritt Bjerregaard.El jefe de gabinete de Bjerregaard hizo ver a sus compañeros que esta comisaria no entiende que "un tema tan delicado y que hasta ahora hemos llevado con tanto rigor lo tengamos que resolver ahora deprisa y corriendo". La rapidez de la Comisión se debe en gran medida a la promesa que el pasado domingo le hizo en Valderrama (Cádiz) el presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, al presidente del Gobierno español, José María Aznar, de que el asunto quedaría liquidado en muy poco tiempo.

Técnicamente Trojan justificó el aplazamiento en el hecho de que no se habían respetado todos los procedimientos previstos. En especial reprochó al gabinete del comisario Mario Monti que el asunto no se hubiera debatido en una reunión especial de jefes de gabinete, como es preceptivo en los asuntos de infracciones de los Estados miembros. Cuestiones técnicas

La portavoz del comisario Monti quiso restar importancia al aplazamiento, que a su juicio sólo se debe a cuestiones meramente técnicas y no a una oposición política de algún comisario. Con todo, este retraso puede permitir que algunos gabinetes sopesen cuidadosamente el riesgo de dar su apoyo a la nueva ley digital española a pesar de que ésta no cuenta con el aval de los servicios de la Comisión (ver

de ayer).Los servicios, que se rigen con criterios meramente técnicos, han hecho ver a los equipos de, los comisarios que el nuevo texto no cumple todos los requisitos exigidos por la Comisión Europea en el dictamen motivado que remitió el pasado mes de julio al Gobierno español cuestionando la ley.

Entre las infracciones que aun permanecen en la ley de televisión digital española destacan la exigencia del registro de los operadores, la discriminación contra los descodificadores que sólo son abiertos en el caso de que haya previo acuerdo entre los operadores y las amplísimas facultades que se otorgan a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Entre estas facultades figura la de exigir modificaciones técnicas en los descodificadores, con lo que las exigencias técnicas que figuraban en la primera ley luego modificada pueden ahora reaparecer por la puerta de atrás.

El comisario de Mercado Interior, Mario Monti, es partidario de impedir estos abusos advirtiendo al Gobierno español de que volverá a ser denunciado si la aplicación de la ley desemboca en nuevas ilegalidades, aunque ha decidido apoyar la aprobación del actual redactado de la ley digital.