El presidente ruso firma la polémica 'ley de religión'

Borís Yeltsin firmó ayer, a hurtadillas como quien dice, la controvertida Ley sobre la Libertad de Conciencia y las Asociaciones Religiosas, denunciada por católicos y protestantes por la que consideran que amenaza gravemente su libertad de acción en Rusia y coloca a la Iglesia ortodoxa en una injusta situación de privilegio. Previamente, las dos Cámaras del Parlamento habían aprobado la segunda redacción del proyecto, elaborado por una comisión especial creada por Yeltsin tras vetar el primer texto, que consideró inconstitucional tras recibir numerosas protestas exteriores, desde la del papa Juan Pablo II a la del Senado norteamericano, que amenazó incluso con cortar la ayuda económica a Rusia.Lo paradójico del caso es que la nueva versión es muy parecida a la primera, incluso más dura en algunos aspectos, aunque incluya al "cristianismo" (un término premeditadamente global) entre las religiones tradicionales, junto al judaísmo, el islam y el budismo. El texto reconoce, además, "el papel especial jugado por la Iglesia ortodoxa en la historia de Rusia y en la edificación y desarrollo de su espiritualidad y cultura". Un privilegio que Yeltsin se encarga de concretar con respaldos tangibles. Forma parte del discurso nacionalista, cuando éste es necesario.

Estricta vigilancia

La ley establece que los "grupos" religiosos (con fuertes restricciones a su funcionamiento) deben demostrar su existencia legal en Rusia durante al menos 15 años para convertirse en "organizaciones", ya con todos los derechos. Hasta superar ese techo será necesario, además, que pasen registros anuales. Todas estarán sometidas a fuerte controles.

Svetlana Filonova, representante del arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz, administrador apostólico, asegura por ejemplo que, antes de la revolución, en 1917, había 150 templos católicos tan sólo en la parte europea de Rusia, pero que, en 1939, con Stalin en el poder, fueron aniquilados. "¿De qué 15 años están hablando entonces?", se pregunta indignada desde el museo dedicado en Moscú al desaparecido disidente Andréi Sájarov.

La misma preocupación muestran evangélicos, bautistas, pentecostales e incluso ortodoxos disidentes, que consideran que la Iglesia ortodoxa oficial, a la que respaldan él Kremlin y el Parlamento está dirigida por antiguos agentes del KGB que se vendieron al poder soviético. Todos ellos se enfrentan al mismo dilema: si durante el comunismo estuvieron en la clandestinidad, ¿cómo demostrar que tienen 15 años de existencia legal?