Los editores de libros de texto rompen con la ministra Aguirre

Los editores decidieron ayer romper las negociaciones con la ministra Esperanza Aguirre para alcanzar un acuerdo sobre el abaratamiento de los libros de texto. Sorprendidos por la decisión "unilateral" del Gobierno sobre descuentos en los precios (hasta permitir la gratuidad en el 2000), califican la política de la ministra de "poco seria" y aseguran tomarán medidas contra la aprobación de la ley. No descartan, sin embargo, un futuro diálogo.

Reunidos en Madrid, los editores manifestaron ayer su sorpresa ante "la tozudez de un ministerio que nunca ha creído en que el precio fijo en los libros ayuda a la cultura". Y también porque el Gobierno, a espaldas de las negociaciones iniciadas con los editores, adoptó una fórmula que permite aplicar descuentos a los libros de texto del 25%, 50% y 100% en tres cursos sucesivos desde 1998 hasta el año 2000.La noticia llegó a los editores a través de un comunicado del vicepresidente de Economía, Rodrigo Rato, emitido por televisión. "Rato ignora la Ley de Ordenación del Minorista, que prohíbe hacer venta a pérdidas, y la de Defensa de la Libre Competencia, por la que no se pueden hacer donaciones por descuentos abusivos", afirma Mauricio Santos, presidente de ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, que agrupa al 95% del sector). La industria se siente "engañada" por la ministra, que tenía programada para ayer una reunión con los editores y a la que éstos no asistieron. Los empresarios del libro declararon que Aguirre "se mueve en un terreno realmente poco serio, por no emplear palabras mayores". Mauricio Santos añadió: "Este es sólo un aspecto del desinterés y el caos que la ministra está fomentando en la educación y la cultura".

La liberalización de los precios en los libros de texto es tomada por editores, libreros y distribuidores como un perjuicio para sus intereses. "Sólo beneficia al Gobierno, que camufla así la reciente subida de impuestos; y a los hipermercados franceses como Pryca, Continente y Alcampo [excluyeron expresamente a El Corte Inglés, que "es una empresa seria"] porque no pueden practicar descuentos sobre los libros en su país", afirmó Santos. "A ellos apoya el Gobierno español con su política en lugar de beneficiar los interés y la cultura españoles". Juan de Isasa (editorial SM), presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, y Mauricio Santos comunicaron en una carta a la ministra su decisión de no acudir a la reunión fijada para ayer. En ella tenían previsto abordar sugerencias como la supresión del IVA (lo que equivale, según sus cálculos, a 2.400 millones de pesetas) y posibles subvenciones ministeriales. Las negociaciones entre editores y Administración Pública sobre este particular se remontan a octubre de 1995, sin que hasta la fecha se hubieran producido tensiones.

Pese a las dificultades del momento, los editores no descartan un futuro diálogo con el ministerio. Entretanto, intentarán impedir que se apruebe la ley recurriendo al Consejo Económico y Social y solicitando el diálogo con los parlamentarios.