IU denuncia ante el fiscal la privatización de pisos aprobada por el Gobierno

Izquierda Unida presentará en los próximos días una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. La coalición opina que el Ejecutivo regional, del PP, pudo incurrir en prevaricación y malversación de fondos públicos al adjudicar a la empresa Corviam los derechos sobre un suelo público para construir 131 viviendas. Estas viviendas serían alquiladas por la Comunidad a Corviam durante 20 años por 2.457 miullones. IU calcula que si la Administración hubiera hecho directamente los pisos se habría ahorrado 1.000 millones.

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, ideó a principios de año un nuevo modelo de gestión en el terreno de la vivienda barata. Hasta ahora, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se encargaba de construir los pisos y alquilarlos posteriormente a las familias más desfavorecidas a un precio social (muy por debajo del de mercado y calculado en función del nivel de renta del inquilino). Pero Cortés advirtió que las dificultades financieras del Ivima impedían construir viviendas al ritmo necesario.Por eso convocó concursos para ceder por 20 años suelos públicos a empresas privadas, que se encargarían de construir los pisos y mantenerlos. Cuando acabaran las obras, la Administración regional se comprometía a alquilar todo el bloque a la empresa adjudicataria durante 20 años. Después, el inmueble pasaría a ser propiedad de la Comunidad. Con este sistema, la Administración regional aplazaba la financiación de las viviendas 20 años, según Cortés. El consejero de adjudicó a la empresa Corviam terrenos en Valdebernardo para hacer 131 viviendas.

alversación

IU ha seguido con lupa esta adjudicación. Según sus cálculos, la Comunidad deberá pagar anualmente a Corviam 136 millones por las 131 viviendas. A lo largo de los 20 años, el alquiler le saldrá por 2.457 millones. La coalición mantiene que si esta obra hubiera sido ejecutada directamente por la Administración pública, el Ivima tendría que haber pagado por el bloque 1.400 millones, incluyendo el coste de financiación en caso de que el Ivima tuviera que pedir un crédito al banco. La resta entre las dos cantidades demuestra que, con el nuevo modelo privatizador, la Comunidad pierde 1.000 millones, según IU. La coalición encuentra en este hecho una clara malversación de caudales públicos, "que pasan a engrosar la cuenta de beneficios de empresas privadas", según denuncia el diputado Juan Ramón Sanz.

Miguel Reneses, coordinador de área de IU, apunta otro problema: "Si la Comunidad alquila los pisos a una constructora privada y luego se lo adjudica a las familias, éstas serán realquiladas, con lo que su situación Jurídica no estará del todo clara", apunta. "Las novedosas ideas del PP sobre construcción de viviendas consolidan el interés de la derecha por enriquecer aún más a los más ricos", concluye.

IU también encuentra en este caso un posible delito de prevaricación, puesto que "a sabiendas de su injusticia" el Gobierno regional ha adjudicado la parcela a una empresa privada para que haga negocio. La presidencia regional de IU aprobó una- resolución en la que critica la gestión del PP al entender que supone una transferencia de dinero público a empresas privadas y una vulneración de la legalidad. Asimismo, recuerdan que si el Gobierno regional continúa con sus promesas de sacar al mercado privado suelo para otras 1.700 viviendas, el daño a las arcas públicas será de 17.000 millones.