El borrador de reforma sanitaria abre la vía a la ruptura del seguro único
El PP y sus socios, divididos en la recta final de la subcomisiónUna equívoca redacción del último borrador para la reforma sanitaria que elabora la subcomisión del Congreso recoge la aspiración de la mayoría de los partidos a favor de un seguro "único y público", pero también abre la vía a la elección entre seguros privados a costa del dinero público, como quiere CiU. Esta pretensión ya causó una fuerte polémica en julio y, según el diputado César Villalón (PP), cuenta con la oposición del PNV y el PP.
De aprobarse esta propuesta, avanzada anoche por la Cadena SER, alejaría definitivamente del horizonte la posibilidad de una reforma consensuada del Sistema Nacional de Salud, ya difícil de por sí tras el abandono de la ponencia hace meses del PSOE y de Izquierda Unida.Si las medidas adoptadas por el Gobierno en materia sanitaria al margen de la ponencia fueron el argumento para que PSOE e lu abandonaran la subcomisión, la ruptura del aseguramiento único puede suponer la guerra total. Pero, además, esta idea defendida en las últimas elecciones por un sector del PP fue rechazada por el actual equipo directivo del Ministerio de Sanidad.
El Grupo Popular se sitúa hoy en la línea ministerial. "Seguimos apostando por un aseguramiento único y sólo nos planteamos si es conveniente mantener la porción de aseguramiento privado que existe actualmente, como el caso de Muface para los funcionarios", explicó ayer César Villalón. Según este diputado, el PNV está en la misma tesitura. La diputada nacionalista vasca, María Jesús Aguirre, ya manifestó al presentar CiU su enmienda, el deseo de su partido a que quedara bien claro el "aseguramiento único y público".
La redacción final del tercer borrador para la reforma incluye la enmienda de los nacionalistas catalanes, si bien suavizada en comparación con su primera redacción. A lo que instaba CiU en julio era a definir en el plazo de un año el papel "complementario o suplementario" de las entidades de seguro libre y mutualidades dentro del Sistema Nacional de Salud", entendiendo que el papel "suplementario" mejora la competencia y la libertad de elección del usuario.
El diputado de CiU Francesc Homs explicó entonces que se trataba sólo de aplicar lo ya existente, ya que más de dos millones de españoles, entre ellos los funcionarios, acceden actualmente a la sanidad pública a través de seguros privados que paga el dinero público.
La redacción finalmente incluida, y sometida aún a debate según Villalón, habla de "precisar" el papel de las entidades privadas en la libre elección del ciudadano "en la gestión y provisión del aseguramiento". Quienes critican esta fórmula alertan sobre el desvío de fondos públicos hacia entidades privadas que hasta ahora, al menos, hacen selección de riesgos. Es decir, aquellas patologías más costosas, como el sida, el cáncer o las relacionadas con la vejez, se quedarían en una sanidad pública mas descapitalizada. Sus defensores, por el contrario, aluden a los beneficios de una competencia en el mercado sanitario con la consiguiente reducción de costes.
Al margen de esta polémica, que ya causó un fuerte malestar en el seno de la ponencia el pasado mes de julio, el tercer borrador -el texto definitivo debe estar listo antes del 30 de septiembre- recoge, con escasas variaciones, las propuestas formuladas el 18 de junio por el ministro de Sanidad, José Manuel Romay. Entre ellas la de separar el derecho a la asistencia sanitaria del régimen de afiliación de la Seguridad Social. Se pretende así hacer efectiva la universalización de la sanidad y extenderla a todos los grupos profesionales, ya que hoy se financia casi en su totalidad a través de los impuestos generales.
En materia de prestaciones, se abunda en la necesidad de hacer un catálogo básico y común en todo el Sistema Nacional de Salud. Aquella comunidad que quiera implantar una cartera adicional de servicios deberá contar con la financiación correspondiente de sus propios fondos. En cuanto a la prestación farmacéutica, el texto aboga por buscar nuevas fórmulas para controlar en crecimiento de la factura pública de medicamentos. Entre ellas la de instaurar un margen de las farmacias escalonado, según el tipo de medicamento. También la posibilidad de que fármacos hoy gratuitos para todos los ciudadanos sólo lo sean para determinado tipo de enfermedades o indicaciones terapéuticas.
Los presupuestos
El aspecto económico, el mayor lastre que arrastra la sanidad española por su insuficiencia durante años, no se clarifica en este documento. Se remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la única recomendación de buscar un marco estable y equitativo para los próximos cuatro años.
Los parlamentarios han entendido la necesidad de buscar una mayor coordinación en el Sistema Nacional de Salud por lo que han apoyado reforzar el papel del Consejo Interterritorial de Salud, una especie de consejo de ministros de los responsables sanitarios autonómicos.
