El Gatopardo

EL BOE publicó el lunes el decreto-ley por el que se modifican, a requerimiento de la Comisión Europea, determinados aspectos de la Ley de Televisión Digital. Los cambios que introduce el decreto, más amplios que el propio texto que reforman, rezuman un desproporcionado intervencionismo propio de su autor político -el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, protagonista de los desaguisados digitales- y desde luego no previsto en la directiva comunitaria en la que se basa. La nueva y farragosa redacción demuestra, una vez más, que la estrategia del Gobierno no es corregir una ley abusiva, sectaria y contraria a la libre competencia y circulación de bienes y servicios, sino ganar tiempo para que la plataforma digital de Telefónica (su gran aliado mediático) pueda ponerse en marcha y quede neutralizada la ventaja del operador rival. Para conseguir este objetivo, Arias Salgado ha elegido una táctica de desgaste y falsa acomodación a las reglas del mercado que garantiza la Comisión Europea pero que en realidad es una puesta al día del consejo lampedusiano de hacer cambios superficiales para no cambiar nada.El decreto-ley refuerza el intervencionismo administrativo, con un lenguaje complicado y enfadoso, fiscalizando de forma previa los contratos entre operadores, entre operadores y suministradores, entre suministradores y usuarios. Y todo esto debidamente supervisado por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) -controlada por el Gobierno-, que fijará incluso el texto de los contratos con los abonados, en los que sólo falta obligar al operador no deseado a declararse culpable.

El texto no menciona el sistema de descodificación elegido por Canal Satélite Digital, pero está implícitamente diseñado para ponerle trabas y favorecer al de Vía Digital. El decreto establece claramente obligaciones desiguales para unos y otros. La distinción entre sistemas y descodificadores técnicamente abiertos y los que son abiertos mediante acuerdos entre operadores no existe ni la recoge la directiva comunitaria. Este texto, además, no modifica otros aspectos objetables de la ley como las certificaciones previas y la inscripción o el control sobre los precios hasta diciembre de 1998.

De esta forma, el decreto-ley es una falsa rectificación de la Ley de Televisión Digital, una faena de aliño cuyo objetivo es evitar que el Gobierno español pase la vergüenza de verse acusado ante el Tribunal de Luxemburgo. Arias reconocía paladinamente la persistencia del intervencionismo y la arbitrariedad del texto reformado al reconocer, en unas declaraciones a La Vanguardia, que "lo que antes se imponía directamente en la ley ahora se deja en manos de la CMT"; es decir, que la ley se queda coja para que la complete la CMT con sus futuras actuaciones cuasi legislativas, algo insólito en Europa. Y, por si quedaran dudas, añadía que el nuevo texto no supone rectificación alguna del Gobierno. A confesión de parte, sobra la prueba.