Javier Delgado pide a las Cortes y al Gobierno la reforma "necesaria y urgente" de la justicia,

Javier Delgado Barrio, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pidió ayer a las Cortes y al Gobierno, en presencia del Rey -que presidió el acto solenme de apertura del año judicial-, que acometan con urgencia las reformas necesarias de la justicia que satisfagan la "sed de derechos" que padecen los ciudadanos y permitan a los jueces y magistrados prestar la tutela judicial efectiva. Atribuyó a los jueces la capacidad de construir para cada caso concreto la solución que mejor contribuya a realizar el modelo de convivencia que diseña la Constitución.

Para su reclamación a los otros poderes del Estado, Delgado partió de la preocupación que suscitan las últimas encuestas encargadas por el CGPJ y realizadas en julio (véase EL PAÍS del sábado último): "Resulta claro que la imagen de la justicia ha experimentado un fuerte deterioro en los últimos 10 años: si en el año 1987 era un 28% de los encuestados el que creía que la justicia funcionaba muy mal, este porcentaje va creciendo en 1990, 1992 y 1995 hasta llegar hoy al 51%". Entre los reproches de los ciudadanos, resaltó que un 84% critica "la oscuridad del lenguaje que utilizamos los jueces", señaló, y un 81% "la lentitud". Admitió plenamente la "evidente lentitud que aqueja a todos los órdenes jurisdiccionales y, desde luego, muy destacadamente, a la jurisdicción contencioso-administrativa". Recordó que 1996 se abrió con 244.173 recursos pendientes y, a pesar de haber resuelto 113.767 durante ese periodo, terminó con 271.638, "es decir, 27.465 más de los que teníamos 12 meses antes", explicó.

Como conclusión, Delgado aseguró que "la ya larga e interminable enfermedad de lo contencioso está arribando al estado de coma, de suerte que su tratamiento no admite ninguna espera, un tratamiento que, aparte otros cauces, ha de discurrir por la vía de la creación de plazas de magistrado". Añadió que la lentitud pesa también sobre las otras jurisdicciones, especialmente en la civil, "lo que implica una grave descalificación de la eficacia de la tutela que en la realidad estamos prestando los jueces", se lamentó.

Las medidas a adoptar para conseguir la efectividad de esa tutela no son de la competencia del CGPJ, según admitió su presidente, quien, sin embargo, atribuyó al Consejo no la potestad "de iniciativa legislativa, pero sí la de sugerencia". En esa línea, aseguró que las sugerencias que contiene el Libro Blanco sobre la Justicia aprobado la semana pasada, no significan "una desviación del principio de la división de poderes", sino que serán apreciadas y asumidas, en su caso, por los órganos competentes."Cuestiones de Estado"

Desde la convicción de que las medidas propuestas para solucionar los problemas de la Justicia son "cuestiones de Estado", el presidente del Supremo y del CGPJ se dirigió "a los poderes públicos y, especialmente, a las Cortes Generales y al Gobierno de la nación para poner de relieve cómo los ciudadanos, en su sed de derechos, y nosotros", dijo, "que hemos de actuar su tutela, vemos de urgencia insoslayable las reformas necesarias en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra organización, para que los jueces y magistrados estemos, definitivamente, en condiciones de prestar la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que, como derecho fundamental, ha previsto nuestra Constitución".

Delgado explicó que la plena actualidad del poder judicial se deriva de "la extensión y la intensidad de los cometidos confiados a los jueces, sin olvidar el especial interés que suscitan algunos pro cesos actualmente en curso". La consideración de la Constitución como norma suprema conduce a que el que hacer judicial que ha de solucionar el caso concreto contribuya a realizar "el modelo de con vivencia" diseñado por la Constitución. Incluyó en ese modelo la promoción "de condiciones reales de libertad e igualdad para todos los ciudadanos" y la aplicación de los "principios rectores de política social y económica recogidos en la Constitución". Atribuyó a la ampliación de la esfera de intervención pública la existencia de "nuevos espacios de actuación judicial" y, en consecuencia, el aumento progresivo del "número de casos en los que pueden brotar litigios", al que ha contribuido decisivamente, recordó Delgado, "la reducción de las inmunidades del poder", así como el deber "que la Constitución impone a todos, ¡a todos!", enfatizó, "de cumplir las resoluciones judiciales firmes".

Esta configuración constitucional como "un auténtico poder" no amenaza a los otros poderes, según Delgado, quien aseguró que el poder judicial "no pretende, ni estaría a su alcance, sustituir al Gobierno o a las Cortes Generales", pero sí "garantizar el imperio de la ley, imponer el gobierno del Derecho".

El presidente del CGPJ recordó que, ante ese poder se impugnan decisiones fundamentales del Gobierno y conoce procesos penales que conciernen a personas de gran relieve político o social, por lo que "resulta plenamente explicable", afirmó, "la atención de los medios de comunicación". Una atención "generada al margen del juez", pero advirtió que "después, a lo largo del proceso, será, precisamente, la actuación de ese juez la que atraiga el interés informativo".

Delgado destacó "el extenso margen que la actuación judicial ofrece a la crítica", pero puntualizó que la libertad de expresión "no es absoluta y puede encontrar límites", sobre todo en las fases procesales que preceden a la decisión, "para no enrarecer la serenidad que debe presidir su pronunciamiento".

Ofreció el dato del Barómetro de Opinión sobre la Justicia de 1997, según el cual el 49% de los encuestados cree que "con demasiada frecuencia los jueces se dejan impresionar a la hora de tomar decisiones por lo que dicen los medios de comunicación".