El fiscal del Estado estudia reformas para los delitos de terrorismo y critica la Ley del Jurado

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, animó ayer su anodino discurso ante el Rey, en el acto de apertura de tribunales, con el anuncio de que tiene en, estudio reformas relativas para "delitos de terrorismo, estragos, desórdenes públicos, manifestaciones y asociaciones ilícitas, apología delictiva y otros, para acomodar al Código determinadas conductas de grupos integrados en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco". El fiscal del Estado, que en su Memoria silencia toda referencia a la grave crisis que ha zarandeado a la fiscalía a lo largo del último año, criticó las últimas leyes sobre criminalidad de la etapa socialista, en especial la Ley del Jurado y os delitos relativos a la libertad sexual del "joven Código Penal".

El anuncio de reformas -todavía en "fase de estudio"- de los delitos relativos al terrorismo no figura en el texto de la Memoria y fue introducido a última hora en el discurso leído ante el Rey en la apertura de tribunales. Fue la única concesión de su insípido discurso, muy alejado ayer de las resonantes condenas del divorcio, el aborto y la homosexualidad que hacía Cardenal en sus memorias como fiscal jefe en el País Vasco.Defraudando todas las expectativas, Cardenal incluso pasó de puntillas sobre los delitos contra la libertad sexual sin otra mención de mayor interés que el hecho de que el Ministerio de Justicia ha remitido a la Fiscalía un anteproyecto "que no se limitaba a reformar la materia de corrupción de menores, sino que afectaba a todo el título" de ese tipo de delitos.

En contra de lo habitual, el discurso del fiscal del Estado cedió en interés al del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, quien se mostró mucho más incisivo y actual en sus reflexiones sobre el poder de los jueces y la escasa fotogenia de la justicia.

Cardenal significó que la Fiscalía del Estado ha acogido "con entusiasmo" el encargo del Congreso de los Diputados para realizar un informe sobre la aplicación de la Ley del Jurado. Agregó que los dos primeros años de vigencia de esta ley han estado presididos por la "perplejidad colectiva" ante "veredictos sorpresivos" y el esfuerzo de los juristas para superar los problemas del texto legal. Según Cardenal, las posturas están hoy tan enfrentadas que ya no se plantea el modelo de jurado, sino la existencia misma de la institución.

Respecto al nuevo Código Penal, Cardenal, tras valorar como "un avance" la huida del "ciego retribucionismo" que acompañaba a la aplicación de las penas en códigos anteriores, señaló como "primeras dificultades" la falta de cobertura que haga posible la ejecución de algunas de las nuevas penas.

Entre éstas, citó los problemas que origina a los fiscales el desconocimiento de la situación económica del imputado en el sistema de los días-multa. Por contra, Cardenal suprimió de su lectura, -aunque no de la Memoria- el párrafo que requiere un apoyo presupuestario cuya aprobación es indispensable, no ya para el adecuado logro de los fines de la norma penal, sino para la viabilidad misma del sistema

De la parte general del Código Penal dijo que "no era un ejemplo de claridad normativa", y añadió que las "generalizadas dudas" sobre la revisión de condenas apra adecuarlas a la ley penal más favorable "exigieron tres sucesivas circulares de la Fiscalía General".

Sobre la parte especial, criticó los "muchos problemas de interpretación aplicativa que se han mostrado ya en la práctica diaria" y la criminalización de conductas que antes se situaban en los órdenes civil, mercantil o administrativo y que "obligarán a la jurisdicción penal a aplicar elementos propios de otras ramas del Derecho".

Patrimonio histórico

En relación con los delitos contra el patrimonio histórico, el fiscal general aseguró que la actitud de los españoles a lo largo de los tiempos no ha sido excesivamente 'acendrada' en lo que a esta materia se refiere". Cardenal se remontó entonces en el tiempo y dejó perplejos a los presentes cuando buscó la causa del desapego de los españoles a su patrimonio en "lamentables acontecimientos históricos, como la Desamortización de Mendizábal, con el decreto de 11 de octubre de 1835 sobre supresión de las comunidades religiosas y la entrega a la venta de sus bienes". Como alternativa al decreto de Mendizábal, mencionó "la incapacidad de captar el 'mensaje espiritual del pasado' del que tales bienes están rebosantes".

Antes de entrar en la cruda estadística del año judicial, el fiscal quiso destacar la "eficaz actividad" de la Fiscalía Anticorrupción, que inició su andadura en enero de 1996, para satisfacción de su fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo. Cerca de éste, y con bastante vacío alrededor, se situó el flamante y polémico fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, cuyo gesto grave sólo se alteró cuando algún magistrado o fiscal se acercó a saludarle.