Deterioro judicial

EL DETERIORO creciente de la imagen que los ciudadanos tienen de la justicia, medido recientemente en encuestas realizadas por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una manifestación de la realidad con la que hay que contar para afrontar posibles reformas. Por eso ha sido oportuno que el órgano de gobierno de los jueces se haya apoyado en datos reales, obtenidos a través de sondeos, para elaborar un diagnóstico de la justicia en el Libro Blanco aprobado la semana, pasada.Que los ciudadanos tienen una mala opinión del funcionamiento de la justicia no es un gran descubrimiento. Pero es de todo punto inquietante comprobar la rápida degradación que ha sufrido su imagen: hace diez años, el 28% de los españoles consideraba que la justicia funcionaba mal o muy mal; hoy es el 51%. Por contra, sólo un exiguo 16% cree que funciona bien. Este pronunciado declive, confirmado por otros datos sobre la corrupción o la parcialidad de algunos jueces, debe servir de estímulo para la búsqueda urgente de soluciones a un problema que, si bien afecta a todos los ciudadanos, lo padecen con especial gravedad quienes cuentan con menos medios.

Alguna reflexión deberían realizar los políticos sobre las causas de esta degradación. Los ciudadanos consideran que la Administración de justicia es lenta, cara, oscura, anacrónica; en suma, que, lejos de resolver sus problemas, a menudo los complica. Mientras tanto, los políticos de uno y otro signo se dedican a instrumentalizar la justicia en contra de sus oponentes o a eludir sus propias responsabilidades. El uso de la acción popular como arma arrojadiza contra el adversario, la utilización del poder legislativo para atacar de forma oportunista al contrario y la desatención a las necesidades ciudadanas reales de tutela judicial efectiva apuntan hacia el origen de los males presentes y presagian un negro porvenir.

El partido del Gobierno, al que debe corresponder la iniciativa de las reformas judiciales que el CGPJ propone -como limitar el poder de los jueces, extremar las incompatibilidades o crear un servicio de quejas y reclamaciones-, y la organización judicial mayoritaria, que debería ser la más interesada en corregir los males detectados, han recibido con displicencia el Libro Blanco y se han limitado a reclamar el regreso al sistema corporativo de elección de los 12 miembros del consejo de origen judicial. Sólo una concepción de la justicia como servicio público a los ciudadanos y como instrumento para satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva puede mejorar la percepción que tienen los españoles de la justicia. Pero si el Poder Judicial y los profesionales llamados a servirlo tratan de patrimonializar la independencia de los jueces y si el partido gobernante conecta con ese corporativismo, la modernización de este poder del Estado se retrasará décadas.