Minas, trampas y rendijas

Desde el día 1 -y hasta el día 19 del presente mes- se viene celebrando en Oslo una conferencia internacional para negociar un tratado que prohíba el uso, la producción, el almacenaje y la transferencia de minas antipersonas. La conferencia es un nuevo paso del llamado Proceso de Ottawa, iniciado en octubre de 1996 a instancias de Canadá, y que persigue la firma de un tratado de prohibición de las minas antipersonas. Este proceso es una alternativa a la excesiva lentitud de las negociaciones que sobre este tema se desarrollan en la Conferencia de Desarme de Ginebra.Más de un centenar de países se han comprometido ya a firmar este tratado, entre los que se encuentran todos los miembros de la Unión Europea, con las excepciones de Finlandia y Grecia. El Proceso de Ottawa está impulsado por un grupo de ocho países (Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, México, Noruega, Filipinas y Suráfrica), que apoyan claramente la campaña iniciada hace cinco años por una coalición de más de mil ONG de todos los continentes, y en la que también participan activamente organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y Unicef. Japón se ha sumado recientemente a la iniciativa, y Bélgica ha dado ya el paso de destruir su stock.

En España, esta campaña ha estado promovida por ocho ONG, que con los años han logrado un inmenso apoyo popular en sus demandas, hasta lograr el 25 de febrero un acuerdo unánime del Pleno del Congreso, sin ningún voto en contra, por el que se insta al Gobierno a remitir a la cámara un proyecto de ley que regule la prohibición de dichos artefactos. Medio año después, sin embargo, dicho proyecto aún está por ver, y hay razonables sospechas de que el Gobierno no tiene un convencimiento claro de lo que apoyó en febrero. Los repentinos cambios de opinión producidos en un encuentro internacional celebrado en Bruselas en junio, donde el representante de la Administración española tuvo que alterar su posición pocas horas después de que los medios de comunicación denunciaran esta "marcha atrás" en los compromisos adquiridos por el Gobierno, pueden ser debidas a las presiones que están realizando algunas empresas del sector y a la dificultad para buscar un sustituto a las minas dispersadas alrededor de Ceuta y Melilla, pero las dudas podrían ser debidas también a la voluntad de no contradecir la posición norteamericana.

Si bien EE UU fue uno de los primeros países en apoyar la moratoria en las exportaciones de minas antipersonas (prohibió las exportaciones en 1992) y en promover nuevos mecanismos de control sobre estos productos, en las últimas semanas ha introducido la duda sobre sus propósitos. [Ayer mismo, amenazó con no firmar el texto acordado]. Quiere mantener el millón de minas diseminadas en la frontera entre las dos Coreas, y que no se prohiban las minas inteligentes, esto es, aquellas que se autodestruyen a los pocos días de ser colocadas, con objeto de poderlas diseminar combinativamente junto a las minas anticarro. También se sabe que Estados Unidos quiere proponer un dilatado plazo de tiempo (nueve años) para que el acuerdo entre en vigor.

En el más clásico lenguaje diplomático, el Departamento de Estado ha hecho saber que esta postura persigue "reconciliar nuestras preocupaciones humanitarias y el deseo de una prohibición con nuestros intereses de seguridad nacional". En este sentido, la decisión norteamericana de última hora de asistir a Oslo puede interpretarse como una estrategia para convencer al mayor número posible de países hacia su posición de abrir rendijas y salvedades al futuro tratado de prohibición.

El problema de este planteamiento es que las rendijas que propone Estados Unidos para sí pueden multiplicarse si varios países hacen otro tanto, con lo que el posible tratado a firmar se convertiría en un auténtico coladero de minas. No puede admitirse que prevalezca la argumentación de que hay minas de pequeño tamaño que tienen por finalidad destruir carros o vehículos de transporte, y que si matan o mutilan a personas es mala suerte. Introducir esta trampa significaría olvidarse de que estamos hablando nada menos, y como primera etapa, de parar esta escalada de diseminación de minas antipersonales por todo el mundo, ya que hay colocadas 120 millones y otros 100 millones están en los almacenes militares. El segundo paso será reforzar el desminado, que puede durar muchas décadas según el dinero y el empeño que se ponga, pero que se hará infinito si no se para la producción y la exportación de todo tipo de minas antipersonas.

Rusia y China son dos de los grandes productores de minas que no asisten a la reunión de Oslo, y no se sumarán al Proceso de Ottawa si el resto de países productores no adoptan una posición más decidida y unánime, y más si tenemos en cuenta que el futuro tratado de prohibición de minas siempre será díficil de controlar y verificar. En Oslo, por tanto, no tendrían que haber rendijas, ni trampas, ni salvedades.

El Gobierno español , además, tiene un deber que cumplir desde hace medio año: presentar un proyecto de ley que prohíba la fabricación de las minas en España. Las ONG que impulsan la campaña Eliminemos las minas han manifestado repetidas veces que comprenderían la inclusión de una cláusula que diera un tiempo razonable al Gobierno para que busque un sistema sustitutivo a las minas colocadas en Ceuta y Melilla, pero esa cláusula no ha bría de impedir que mañana mis mo se prohíba la fabricación, puesto que son dos cosas distintas. Lo que está claro es que lo prometido es deuda, y que si realmente existe una firme voluntad de acabar con las minas antipersonas, en Oslo hay que demos trarlo con hechos concretos.