Las asociaciones judiciales califican de "gravisimos" los hechos desvelados por Garzón

La asociación Jueces para la Democracia expresó ayer su "extrema preocupación" por los "gravísimos hechos que desvela el auto del juez Baltasar Garzón". En opinión de este colectivo judicial, "tales hechos constituirían la más rotunda ruptura de las reglas esenciales del sistema judicial democrático, en particular de la independencia del juez y de la imparcialidad que debe presidir su actuación, y de ser ciertos no es aventurado calificarlos de delictivos".En el mismo sentido se pronunció el portavoz de la Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, quien pidió al fiscal general del Estado una investigación rápida para aclarar los hechos "extraordinariamente graves" recogidos en el auto de Garzón.

María Tardón, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, afirmó: "Realmente, la decisión de Garzón y el auto ha producido en todo el mundo, a todos los ciudadanos y a todos los miembros de la judicatura una sensación. de perplejidad y alarma que ha producido una quiebra de la Justicia".

Por su parte, Jaime Campmany, director de la revista Época y autor de la denuncia contra Sogecable, declaró ayer que mienten todas las personas que le acusan de participar en una conspiración contra el presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco. No obstante, Campmany reconoció que ha cenado "en un par de ocasiones" con Liaño y acto seguido aseguró: "Jamás he hablado con él de este sumario, en el que no soy parte ni he presentado ninguna querella".

Asimismo, el abogado Manuel Murillo, que ejerce la acusación particular contra Sogecable en nombre de dos abonados de Canal +, dijo que Garzón "se ha equivocado" al abstenerse de instruir la recusación contra Liaño y que es "ridículo" implicarle en una conspiración contra Polanco. "Nunca ha hablado con Jaime Campmany porque no le conozco", afirmó.

Según las declaraciones del ex ministro Jaime García Añoveros, recogidas en el auto de Garzón, Murillo fue la persona elegida por el juez Liaño, la fiscal María Dolores Márquez de Prado y el abogado Antonio García Trevijano, para presentar una querella contra Sogecable ya que el propio García Trevijano se negó a hacerlo. Esta querella tenía por objetivo mantener vivo el caso por si fallaba por falta de legitimación la presentada previamente por Javier Sainz Moreno.