La Asamblea modificará el Estatuto para asignar un sueldo a los diputados

La ley de presupuestos es vital para que el Gobierno pueda llevar a cabo los proyectos del próximo año.Ley de Patrimonio. Ésta es la tercera vez que un borrador sobre el patrimonio histórico llega a la Asamblea. Los socialistas, durante su mandato, la intentaron aprobar sin éxito. Posteriormente, ya en la oposición, volvieron a probar suerte. En ambos casos, sus proposiciones fueron rechazadas por el PP.

En el proyecto de ley que ha redactado ahora la consejería popular de Cultura, se establece que la Administración regional ejecutará la expropiación forzosa "por causa de interés social" de aquellos bienes de interés cultural que no hayan sido conservados debidamente por sus propietarios. La Comunidad tiene registrados 312 bienes de interés cultural con categoría de monumento, 19 castillos y 10 jardines históricos. El derribo de un inmueble de, interés cultural podrá ser castigado con multas de hasta 200 millones de pesetas. La futura ley prohibirá "la reconstrucción total o parcial del bien de interés cultural, excepto en casos en que se utilicen partes originales". También se prohibirán "las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica".

Ley de Coordinación Universitaria. El PP llevará a la Asamblea una ley para crear un órgano de coordinación de todas las universidades madrileñas, cuyas competencias están en manos de la Comunidad desde el pasado curso. La principal novedad de esta ley es que pretende crear un Consejo Universitario regional, a semejanza del nacional, que decida sobre nuevas facultades, carreras o asignaturas. El PP pretende que en el consejo no estén los. alumnos, ya que considera que éstos no tienen por qué decidir sobre estas materias. Los sindicatos, en cambio, sí tendrán su hueco. Curiosamente, en la anterior legislatura, el PP mantenía justo la postura contraria. Se negó a que los sindicatos tuviesen representación en el consejo y proponía que los alumnos sí estuviesen en él.

Ley de Cooperación del Voluntariado. Esta ley pretende "aglutinar el generoso e inequívoco espíritu de solidaridad de la sociedad mádrileña promoviendo un programa de cooperación internacional al desarrollo, coordinado con instituciones del Estado, los Ayuntamientos de la región, las organizaciones no gubernamentales e interlocutores sociales".

La ley primará a los países democráticos sobre los que sufran dictaduras. El borrador de la ley afirma literalmente: "La cooperación internacional al desarrollo no puede ser considerada neutral ni indiferente ante el nivel de democracia de un país, y debe tener siempre la llamada cláusula democrática, que supone cooperar con aquellos países donde esté garantizado el respeto a las normas básicas de comportamiento democrático". A su vez, tendrán prioridad a la hora de recibir ayudas "los países de América Latina y los demás países de ascendencia hispánica, así como las naciones del Magreb".

Ley de creación del Instituto Madrileño de Investigación Agraria. El instituto tendrá como fin "realizar, impulsar y fomentar la investigación e innovación tecnológica en el ámbito del sector primario y de su industria asociada, facilitando la transferencia de los adelantos científicos y tecnológicos" al agro madrileño. El instituto, que dependerá de la Consejería de Economía, asesorará a las empresas agro alimentarias madrileñas, organizará programas de formación científica y formará personal investigador.

Ley de creación del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. El pasado mayo, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó un acuerdo con los sindicatos y la patronal para crear tres órganos donde dirimir sus conflictos laborales y discutir sobre las medidas necesarias para garantizar la salud e higiene en los centros de trabajo. Los tres órganos son el Instituto Laboral (un órgano que intentará mediar en los conflictos para evitar la via judicial), el Consejo de Relaciones Laborales (su función principal será asesorar en las negociaciones colectivas) y el Instituto de Seguridad y Salud, que este curso político se quiere aprobar por ley. Sus objetivos principales serán promover la seguridad y la salud de los trabajadores.