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La Asociación de Fiscales y Jueces para la Democracia apoyan la denuncia contra el Gobierno

La Asociación de Fiscales y Jueces para la Democracia expresaron ayer su apoyo a la denuncia que la Unión Progresista de Fiscales ha dirigido a la Unión Europea y en la que pone de manifiesto el intento del Gobierno de José María Aznar de instrumentalizar el ministerio público en beneficio de "sus intereses particulares".La Asociación Profesional de la Magistratura se desmarcó, por el contrario, e interpretó que la iniciativa de la Unión Progresista de Fiscales responde a "una batalla política partidista", según el portavoz de la APM, Ramón Rodríguez Arribas. En parecidos términos se expresó el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, en Tele 5: Es sólo "una iniciativa política que permite titulares de periódicos. Creo que ése es su objetivo y que coincide con la estrategia diseñada por el PSOE".

En opinión del portavoz de la Asociación de Fiscales, Miguel Colmenero, el Gobierno debería "rectificar" y "retomar su concepto del ministerio fiscal, profundizar en lo que dice la Constitución respecto de la independencia del fiscal y considerar que es una institución del Estado para todos los ciudadanos y no para velar por los intereses del Gobierno en cada caso concreto".

No obstante, opinó que no era necesario dirigir una denuncia a la Unión Europea, porque en nuestro país existen instancias para atender ese problema, mientras la Unión Europea carece de competencias para intervenir.

Principio de legalidad

Jueces para la Democracia manifestó, en un comunicado, que la fiscalía, según la Constitución, ha de actuar sometida al principio de legalidad e imparcialidad, principios constitucionales que "han sido orillados por el Gobierno en una política de intervención política denunciada por la UPF".

Esa asociación recuerda que el pasado mes de mayo alertó de la urgente necesidad de "restablecer la normalidad constitucional mediante el nombramiento de un fiscal general de trayectoria inmaculada". Sin embargo, añadió Jueces para la Democracia, "la decidida voluntad del Gobierno de someter al ministerio fiscal a sus concretos intereses ha provocado, como era previsible, la crisis de la institución".

El diputado socialista y miembro de la Comisión de Justicia del Congreso Javier Barrero aseguró que el PSOE comparte la preocupación expresada por la Unión Progresista de Fiscales, si bien matizó que el camino utilizado para tramitar la denuncia no es el más adecuado puesto que no se trata de que el Gobierno español haya incumplido una directiva comunitaria. "Lo que importa", agregó el diputado socialista, "es el fondo del asunto, es decir, la obsesión del Gobierno por poner fiscales dóciles a sus dictados".

Por su parte, el portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso Felipe Alcaraz manifestó que la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales es "una opinión a tener en cuenta", aunque personalmente desconfía de la utilidad de la vía escogida por la Unión Progresista de Fiscales.

Fuegos artificiales

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso Andrés Ollero, calificó de "fuegos artificiales veraniegos" la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales ante la UE por la instrumentalización que hace el Gobierno del ministerio público. Ollero señaló que "cualquier persona medianamente informada sabe que la UE no es competente para abordar este tipo de cuestiones".

El dirigente popular atribuyó la denuncia a que el porta voz de la UPF, Carlos Castre sana, "no se ha sacado todavía la espina de la incómoda situación en que quedó cuando la UPF vio rechazado por defectos de forma un recurso contra la designación de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de agosto de 1997

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