Se vende el cuartel

EL MINISTERIO de Defensa adjudicó la pasada semana a la consultoría Arthur Andersen y al banco de negocios NatWest Markets, por. 26 millones de pesetas, el concurso para elaborar un informe que permita racionalizar, con criterios empresariales, la enajenación de las numerosas propiedades del Ejército que han quedado obsoletas o son improductivas. Se trata de vender o permutar por toda España decenas de edificios y unos 60 millones de metros cuadrados de suelo. Defensa estima que ingresará unos 100.000 millones de pesetas en la operación, pero otras fuentes creen que será mucho más. El asunto no ha tenido el eco que una plan de tal envergadura merece.Con la contratación de expertos privados, el ministerio intenta poner orden en el laberinto en que se introdujo hace ya 13 años cuando se puso en marcha la magna operación inmobiliaria que encargó a la Gerencia de Infraestructuras de Defensa. El ministro Eduardo Serra era entonces subsecretario del departamento, y fue él mismo el impulsor de la iniciativa cuyas consecuencias, hasta el momento, han sido bastante conflictivas y escasamente rentables.

El plan preveía, entre otras cosas, vender los cuarteles que habían quedado incrustados en medio de zonas urbanas muy pobladas y la construcción de nuevas bases operativas alejadas de núcleos urbanos que, al menos en parte, serían costeadas por la operación inmobiliaria en marcha. El balance no es brillante. Las ventas de edificios y solares le están suponiendo a Defensa unos ingresos anuales de unos 6.500 millones, cifra muy baja en comparación con el valor, a precio de mercado, de los bienes de los que se ha desprendido. Las trabas administrativas, los costes políticos de algunas ventas o la dificultad a la hora de enajenar determinados edificios han influido en ese escaso rendimiento económico.

Pero ha sido en el terreno de los costes sociales donde la operación ha resultado más conflictiva. En muchos casos han sido los propios ayuntamientos los que han alimentado el convencimiento del ciudadano de que un antiguo cuartel incrustado en su barrio y que ya no sirve para uso militar debe revertir en beneficio del vecindario, y no ser utilizado para realizar un posterior negocio inmobiliario. En ocasiones ese convencimiento tenía una base legal: cuarteles construidos sobre terrenos cedidos o regalados en su día por el municipio o la diputación correspondiente con la expresa condición de servir para usos militares; o edificados en zonas expropiadas en su día con la misma limitación de uso. Movilizaciones en decenas de pueblos y ciudades para exigir la entrega gratuita de los acuartelamientos y bases obsoletos han contribuido a deteriorar la imagen de los ejércitos.

Pero la otra cara de la. moneda es la necesidad de financiación extra que necesitan las Fuerzas Armadas en este momento. Las encuestas, una de ellas, conocida ayer mismo, vienen revelando hace años que la mayoría de los españoles piensa que paga demasiados impuestos y, cuando se le pregunta de dónde recortaría los gastos públicos para poder reducir la fiscalidad, indefectiblemente responde que de Defensa. Pero los estudios de opinión también confirman que una amplia mayoría, especialmente entre la juventud, está por la supresión del servicio militar obligatorio. Si la transformación de las actuales Fuerzas Armadas en un Ejército profesional no se ha realizado todavía, es por los elevados costes de la operación. Y ya no sólo por el coste de mantenimiento tras consolidarse el nuevo modelo, sino también por el que conlleva el propio paso de un modelo a otro.

En el reciente adelanto del contenido de los Presupuestos para 1998 ofrecido por el Gobierno se consideraba a Defensa, junto a Educación y Sanidad, una de las prioridades básicas: para financiar su adecuación en la perspectiva de su profesionalización. Es lógico que el Gobierno intente. aliviar la carga que ese gasto supone para el contribuyente mediante la venta de terrenos y edificios militares.

Pero ello exige una discusión a fondo, en el Parlamento, sobre los Criterios a seguir. ¿Debe ser Defensa quien dirija la operación, con el consiguiente desgaste de imagen para los ejércitos? ¿No debiera hacerlo. Patrimonio del Estado, como ocurre en otros ministerios? ¿Es normal que, pese a contar con un organismo creado para esos fines, se acuda a la empresa privada? Lo que no sería normal es que un asunto en el que está en juego una cantidad tan importante de dinero se resuelva sin la debida transparencia; de criterios y de gestión. La adjudicación a consultoras privadas de la realización del proyecto puede estar justificada; pero los criterios son políticos y deben discutirse.