La ONU investiga la práctica de torturas por el Ejercito mexicano

El relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, Nigel Rodley, concluyó ayer su visita a México con una sentencia sombría: su decisión de investigar sobre el terreno a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en este país estaba más que justificada. A pesar de que el eje de la visita ha sido la actuación del Ejército mexicano, el diplomático británico no fue recibido por el ministro de Defensa.

Las denuncias acumuladas sobre su mesa en los dos últimos años llevaron al relator especial a pensar que la práctica de la tortura en México iba más allá de los "simples casos aislados". A partir de 1994, la progresiva militarización del país para combatir tanto la delincuencia y el narcotráfico como las actividades de los grupos armados surgidos en Chiapas y Guerrero agravó la situación.El viaje estuvo de hecho precedido por un informe del Comité Contra la Tortura de la ONU, dado a conocer en mayo, en el que el organismo internacional criticaba. "la falta de sensibilidad" de las autoridades mexicanas para castigar a los responsables policiales, judiciales o militares implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. A ello, se unió, un mes después, el crítico informe anual de Amnistía Internacional. La Unión Europea se hizo igualmente eco de las denuncias recibidas.

A lo largo de diez días, el relator especial se ha entrevistado con organizaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones y representantes oficiales, entre ellos los ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación (Interior) y la Procuraduría (Justicia). Su solicitud para ver al ministro de Defensa, el general Enrique Cervantes, no obtuvo respuesta. "Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones", dijo Rodley el viernes. "Me reuní con el procurador general militar y me dio información sobre cómo debe funcionar el sistema de justicia militar. Si quieren ponerlo entre comillas, háganlo".El relator acudió a Guerrero, donde el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en junio de 1996 ha agravado la ya deplorable situación de los derechos humanos en ese Estado del sur de México.