Una "operación comercial"

La compra de Antena 3 Televisión por parte de Telefónica y sus socios bancarios constituye una pésima noticia para todos los demócratas de este país. Porque, más allá de sus graves implicaciones, viene a confirmar sin equívocos posibles, no ya la tentación autoritaria, sino la decisión, la firmeza, la audacia incluso del Gobierno Aznar y del Partido Popular en el control y el sojuzgamiento de los grandes medios de comunicación españoles.Al parecer, no les bastaba con una Televisión Española que ha llevado sus telediarios a las últimas cotas posibles de gubernamentalización y vasallaje hasta rememorarnos cada día, con su desfile de ministros e inauguraciones, las más deleznables imágenes de No-Do; y cuya programación trufada de programas-basura como de espacios de ideología derechista descarnada, lleva un ano recibiendo la sanción del público con una fuerte caída de audiencia. Tampoco les parecía suficiente controlar la mayoría de los canales autonómicos, con una manipulación política que sólo queda oscurecida por la zafiedad de sus programas estrella. Ni una agencia de noticias Efe que se gana de nuevo con ahínco su antiguo adjetivo de "nacional". Ni una buena cantidad de medios privados afectos.

Una "operación comercial": ha hecho falta la máxima capacidad de cinismo del más deslenguado y siniestro de los portavoces del Gobierno desde la transición para llamar así a esta actuación. Pero los comentaristas y editorialistas de medios afines al Gobierno, que hasta ayer clamaban contra los monopolios informativos, se han encargado de dejar claros los fines políticos de esta operación. Tampoco hacía falta, porque las pruebas circunstanciales resultan ya harto sospechosas y elocuentes: un importante empresario de comunicación que hace un mes se atrevía a denunciar las amenazas y presiones intolerables del Gobierno y que, ahora, después de más de diez años de aspiraciones logradas a trabajar en televisión, decide vender, arrojar la toalla y retirarse a sus periódicos. Hasta el más torpe aficionado a las historias de detectives se pregunta en estas ocasiones qué ha pasado, quiénes fueron los criminales y qué herramientas eficaces utilizaron. Más aún si las coincidencias sospechosas se acumulan: proceso inducido a Canal Plus, nota de la Fiscalía del Estado contra Antena 3, amenazas y advertencias, escuchas telefónicas inexplicadas, investigación y registro de Telecinco...

Tales sospechas no son arriesgadas. Telefónica, un monstruo empresarial en el contexto español gracias al monopolio "público" disfrutado durante décadas, entró ya hace meses en el sector de la comunicación audiovisual como un elefante en una cacharrería. Pero tras acumular fracaso tras fracaso en el cable y en la televisión por satélite digital, pese a todas las ayudas del Gobierno y de sus decretos y leyes, intenta salvarse de la derrota total en este campo dominando ahora a golpe de miles de millones en Antena 3 TV. Con una facturación de más de dos billones de pesetas anuales -cinco veces todo el mercado audiovisual español-, con el disfrute del monopolio de la telefonía. básica hasta 1998 y la calificación de "operador dominante" hasta el año 2005, con la reserva legal de poder ser operador de cable en todas las demarcaciones que desee y el predominio, accionarial en Vía Digital, Telefónica controlará ahora la cadena de televisión privada de mayor audiencia, estará presente en su competidor de televisión por satélite y detentará una buena proporción de los derechos del fútbol. En suma, la mayor acumulación que ha habido jamás sobre la comunicación y las comunicaciones en este país, con un potencial capaz de desestabilizar todo el panorama audiovisual y comunicativo español, y también por ello la mayor amenaza contra la libertad de expresión de los últimos 20 años.

Ciertamente, la privatización reciente de Telefónica parece poner este comportamiento al abrigo de los debates políticos. En realidad, y como un columnista señalaba hace poco tiempo en las páginas de este periódico, estos hechos tan sólo muestran empíricamente los oscuros meandros y vericuetos de las privatizaciones del Partido Popular, con cúpulas directivas que aprovechan la ocasión para enquistarse manteniendo objetivos políticos prioritarios como "amigos de Aznar" por encima de toda lógica económica y de los deseos e intereses de los mal llamados núcleos "duros" de accionistas privados. En la comunicación, además de Telefónica, Endesa es otra muestra, transparente con su entrada en Retevisión y su cómodo triunfo de concesiones diversas de televisión por cable, al filo mismo del anuncio de su proceso de privatización. Pero si se suman los medios estatales gubernamentalizados, los medios privados entusiastas y los medios controlados a través de las empresas públicas privatizadas o en proceso de serlo, es casi toda la arquitectura de la comunicación social en España la que queda bajo el control del Gobierno Aznar. Está claro que cuando el Gobierno advertía que "no puede permitirse excesiva concentración de poder en la sociedad civil", no se refería a sí mismo ni a su partido.

Hace unos meses el director de un importante diario de Barcelona se atrevió a llamar a una movilización frente a los peligros que acechaban a la libertad de expresión en España, y ahora comprobamos hasta qué punto llevaba razón. Pero hay instrumentos legales y políticos disponibles para luchar contra esa creciente amenaza al pluralismo. La Dirección General de Telecomunicaciones está obligada legalmente a denunciar un abuso tan evidente de posición dominante. La Fiscalía anticorrupción, que parece haber descubierto ahora los excesos en la propiedad de algunas cadenas -seis años después que todo el mundo-, debería también actuar. En su defecto, a la oposición le toca interpelar al Gobierno sobre su complicidad política en esta operación, exigir que no autorice su inscripción en el registro, y denunciar la ante el Tribunal de la Competencia, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Televisión Privada y del Reglamento de Televisión por Satélite, contra los que esta absorción atenta manifiestamente. Además de presentar denuncia ante el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea contra una compra-venta insólita en toda Europa, que viola el reglamento anti-monopolio de Bruselas de 1989 y que resulta incompatible con el disfrute de un monopolio de telefonía básica.

En cuanto a los partidos que apoyan al Gobierno, PNV y a CiU, les corresponde ahora poner en práctica sus convicciones democráticas contra una monopolización partidista de la comunicación que mañana se volverá contra ellos. Izquierda Unida tiene, por su parte, la ocasión de demostrar que sus proclamas en favor del pluralismo obedecían a principios firmes y no a intereses coyunturales de sus dirigentes. Los bancos implicados deberían asimismo explicar su colaboración en esta operación tan dudosa financieramente como sospechosa políticamente. Finalmente, somos todos los ciudadanos -comenzando por los más relaciona dos con la comunicación- quienes tenemos la in soslayable obligación de denunciar una política autoritaria que las consignas de los dirigentes del PP en favor de su supuesta identificación con el centro y las libertades podrán cada vez menos camuflar.

Antes de que sea demasiado tarde, de que un reparto partidista de las nuevas frecuencias de radio empeore la situación, o de que el Gobierno lleve a cabo sus advertencias -¿amenazas?- de desestabilizar todavía más el mercado publicitario de televisión con nuevos canales por ondas para otros amigos. Porque, a través de le yes, actuaciones judiciales y "operaciones comerciales", no cabe duda de que estamos ante un proceso de politización de la comunicación española.