IU exige a Ruiz-Gallardón que anule el convenio con Real Madrid

El regalo de las instituciones al Real Madrid (comprarle 30.000 metros cuadrados de Ciudad Deportiva por 4.500 millones de pesetas) puede costarles más caro a los dirigentes del PP. IU ha registrado en la Asamblea una proposición no de ley en la que exige que no se ejecute el convenio con el Real Madrid para ahorrarse 2.250 millones (la parte que le corresponde a la Comunidad en la compra de los terrenos). Varios socios del club y vecinos de la zona han recurrido el pacto ante los tribunales.

Juan Ramón Sanz, portavoz de Urbanismo de IU, ha husmeado entre los planos del futuro urbanístico de la ciudad bendecidos por el PP para demostrar que en la zona norte no hace falta comprar terrenos privados, en este caso del Real Madrid, para hacer instalaciones deportivas.El Ayuntamiento de Madrid pretende levantar, sobre los 30.000 metros cuadrados de la Ciudad Deportiva, todavía propiedad del Real Madrid, un gran palacio de deportes que podría albergar algunas pruebas de los Juegos Olímpicos, si finalmente la capital presenta su candidatura y consigue la designación como sede.

"Las principales carencias de polideportivos, según los documentos aprobados por los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad, se localizan en el Sur y en el Este. Es en estas zonas, con suelo público vacante de sobra, donde hay que volcar las inversiones en infraestructuras deportivas", apunta.

Agravio

Sanz cree que la permuta de terrenos que las instituciones han pactado con el club blanco constituye "un agravio" hacia los residentes de los distritos del Sureste, además de "una peculiar financiación indirecta a una sociedad privada". Este regalo al Real Madrid se produce además en un momento de grandes necesidades económicas para la Administración regional, recuerda Sanz.Estos argumentos han llevado a IU a presentar una proposición no de ley en la que exige que no se lleve a cabo la permuta de terrenos prevista con el Real Madrid y se dedique ese suelo (que las instituciones pretendían dar como pago de los 4.500 millones al club) a construir viviendas sociales o equipamientos deportivos en la zona sur.

A esta batalla política que ha iniciado la coalición, se une otra en los juzgados abierta por varios socios del club y por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, integrada por vecinos de la zona de la plaza de Castilla que desde hace años luchan contra determinadas operaciones urbanísticas de su barrio (torres KIO, venta del edificio donde estuvo muchos años el diario Ya...).

El pasado 2 8 de julio, la asociación presentó en el juzgado de instrucción número 18 de Madrid una denuncia contra el consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés (PP), y el concejal de Urbanismo de Madrid, Ignacio del Río (PP), "por impedir que los 30.000 metros cuadrados reviertan a sus antiguos propietarios, que fueron expropiados el 1 de junio de 1995". Del Río y Cortés han estampado su firma junto a la del presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, en un convenio para la permuta de terrenos.

Margarita Botija, representante de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, considera que el concejal Del Río y el consejero Cortés pudieron incurrir en prevaricación, cohecho, malversación de bienes públicos y falsedad al reconocer al Real Madrid como propietario de los terrenos objeto de la permuta. Según Botija, el Real Madrid registró los terrenos a su nombre de manera fraudulenta, por lo que el convenio que ha firmado con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento sería nulo de pleno derecho.