Ocultar la verdad

Tan peligroso como decir la mentira es ocultar la verdad. Y tan inútil. Tanto la mentira como la ocultación de la verdad acaban "dando la cara" y no terminan por engañar a nadie.Es lo que está ocurriendo con la política "digital" del Gobierno. No pasó nada el 24 de diciembre de lo que el Gobierno se preocupara, pues era un "acuerdo empresarial". No tuvo nada que ver el Gobierno con la denuncia interpuesta contra Sogecable y tramitada en la Audiencia Nacional por el juez Gómez de Liaño. Nada tenía que ver con Canal Satélite Digital el Real Decreto-Ley aprobado el 31 de diciembre, justamente un día después de que Canal Satélite iniciara su emisión. Nada se tenía que decir al Parlamento de la reunión con el comisario Bangemann de 14 de marzo y de la carta al comisario Monti de 9 de abril. Nada ha tenido que ver el Gobierno con la compra por Telefónica de Antena 3 y así sucesivamente.

Es verdad que la Constitución (artículo 24.2) reconoce de manera general el derecho "a no declarar contra sí mismo", es decir, el derecho a no decir la verdad o a ocultarla. Pero está claro que lo hace en el marco del proceso penal y para las personas acusadas de algún delito. La traslación de ese derecho del proceso penal al proceso político y la extensión del mismo a sus comparecencias públicas relativas a la televisión digital por parte del portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez; por el ministro Arias Salgado, por el vicepresidente Álvarez Cascos y hasta por el propio presidente Aznar, parece, a todas luces, abusiva.

Abusiva y además estúpida. Porque, como decía al principio, no acaban engañando a nadie. En la comparecencia parlamentaria del ministro Arias Salgado el miércoles pasado hemos tenido ocasión de comprobarlo. La afirmación del ministro de que nos encontramos ante una simple "disputa jurídica", como cualquier otra, entre la Comisión Europea y el Gobierno español que tendrá que acabar siendo resuelta por el Tribunal de Luxemburgo es una de sus típicas verdades a medias, que oculta por lo menos tanto como lo que dice.

Oculta ante todo algo esencial. El Real Decreto-Ley 1 / 97 de 31 de enero, convertido posteriormente en la Ley 17 / 97, de 3 de mayo, es una norma "por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95 / 47 / CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión". Así aDarece en el BOE.

El conflicto se produce, por tanto, no en torno a cualquier norma, sino en torno a una norma de trasposición al derecho interno de una directiva comunitaria. Y lo que la Comisión dice es que el Gobierno, de forma torticera y con el pretexto de trasladar derecho comunitario al derecho interno, dicta una norma que no sólo vulnera la directiva sino que viola además artículos esenciales del Tratado constitutivo dé la hoy Unión Europea.

La "justificación" para dictar el Real Decreto-Ley la buscó el Gobierno en el Derecho Comunitario. Así aparece de manera expresa en la Exposición de Motivos de dicho Decreto-Ley. Esa justificación es la que la Comisión le niega. El Gobierno no está "trasponiendo", sino que, con el pretexto de trasponer, está "violando" el Derecho Comunitario.

La misma doblez con que el Gobierno se está dirigiendo a la sociedad española, es la que está utilizando respecto de la Comisión Europea. Que un delincuente para evitar una condena penal actúe de esa manera, se explica. Que lo haga el Gobierno de la Nación resulta repugnante. Y además, vuelvo a repetir, estúpido.