Un juez deja en libertad a dos contrabandistas capturados de forma ilícita por Aduanas

Dos contrabandistas fueron sorprendidos por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Arcos o Carballiño (Ourense) con medio millón de cajetillas de Winston. Fueron detenidos, interrogados y enviados a chirona. Un juez de Ourense les condenó por un delito de contrabando a dos años y cuatro meses de prisión y al pago de una multa de 114 millones de pesetas. Sus abogados recurrieron la sentencia y la Audiencia Provincial de Ourense los dejó en libertad sin cargos. ¿Motivo? Las pesquisas, según la sentencia, debieron ser realizadas por "los funcionarios policiales competentes [la Guardia Civil] y no por aquellos que son colaboradores de éstos".

Así que toda la actividad policial "devino en ilícita", algo así como el mundo al revés: los contrabandistas se fueron de rositas y los agentes del SVA recibieron un buen rapapolvo judicial. La Audiencia de Ourense considera además que todas las actuaciones posteriores de Vigilancia Aduanera -al no ser comunicadas convenientemente a la Guardia Civil- resultaron "contaminadas" al tratarse de "ramas del árbol envenenado". Se refiere a que los agentes del SVA, dependientes de la Agencia Tributaria, no sólo detuvieron e interrogaron a los malhechores. También procedieron a la entrada y registro de una nave industrial propiedad de la empresa Frigoríficos Florindo e Hijos S. L. "No puede desconocerse", añade la sentencia, "que de igual modo el registro de esta empresa está contaminado en cuanto es fruto de aquel árbol envenenado".La sentencia, dictada en marzo de este año, se refiere a unos hechos ocurridos el 20 de septiembre de 1994. Se considera probado que aquel día Benito G. F. conducía "una furgoneta cargada con 7.000 cajetillas de tabaco de la marca Winston". Venía de la empresa Frigoríficos Florindo, situada en la localidad de Arcos o Carballiño. El tabaco intervenido era parte de un alijo de 416.560 cajetillas de la misma marc a procedentes de Bélgica. El montante de la operación alcanzó los 114.361.200 pesetas, sin contar la deuda tributaria defraudada.

La sentencia vuelve a plantear dudas sobre la actuación del SVA: ¿Hasta dónde debe llegar la actuación del Servicio de Vigilancia Aduanera? ¿Es un servicio plenamente equiparable al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil? ¿Puede actuar por su cuenta y riesgo, sin ser controlado ni dar parte de su actividad a la Policía Judicial?

Un caso extraño

Según el director del SVA, Luis Rubí, la sentencia de la Audiencia de Ourense es "un caso extraordinario y extraño", y asegura: "Existen multitud de sentencias que reconocen nuestra competencia plena en la lucha contra los delitos de contrabando y tráfico de estupefacientes". No obstante, Rubí reconoce que "sería oportuno un mejor desarrollo de la ley de contrabando". La función de "colaboración" que la legislación adjudica al SVA es entendida a veces, según Rubí, "como subordinación". El director del SVA reconoce que con alguna frecuencia se producen malentendidos entre sus agentes y funcionarios de policía o Guardia Civil. "Esa falta de entendimiento", asegura, "se produce en caliente, quizá por el interés de apuntarse el tanto en una intervención".