¿Quién protege a Max Weber?

El gran sociólogo alemán que genialmente definiera al Estado como "aquella comunidad humana que aspira al monopolio de la fuerza física legítima dentro de un determinado territorio", no podía pensar en un fenómeno que en parte viene a socavar la idea que hay detrás de su formulación: la privatización creciente de los servicios de seguridad. Ésta no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en una creciente privatización del Estado, en la que, en cierto modo, cabría enmarcar eventualmente la profesionalización de los ejércitos; un fenómeno nada moderno y sí muy medieval, sin tomar a este último vocablo en un sentido despectivo.Normalmente, cuando el supuesto monopolio coincide con una legitimidad racional, el crecimiento de los servicios privados de seguridad viene de la mano de una delegación del poder del Estado en estas empresas. Al abordar este fenómeno en un excelente reciente informe, el semanario británico The Economist señalaba que en 1970 había en Estados Unidos 1,4 policías por cada guardia jurado. Hoy, la proporción es de tres a uno en favor de los servicios privados de seguridad, y General Motors tiene una fuerza privada de 4.200 hombres y mujeres. Hace más de un cuarto de siglo, Umberto Eco, y otros estudiosos italianos apuntaban ya a este fenómeno al vislumbrar lo que ya calificaban con una "nueva Edad Media". De hecho, el relato de los citados italianos, de la mano de Vacca, imaginaban en un futuro hipotético una catástrofe no natural sino derivada de la implosión de algunos complejos sistemas de organización social, en la que sólo sobrevivían al consiguiente caos social los centros que disponían de estos servicios privados: los nuevos castillos en tomo a los conglomerados tecnológicos de que hablaba Furio Colombo en el libro copiado por Eco.

Ningún país parece escapar a este fenómeno. En España, donde el Ministerio del Interior dice no disponer de datos integrados para realizar estas comparaciones, una empresa líder en este sector como Prosegur ha pasado, en los últimos 15 años, de tener 1.535 empleados a 23.806.

Razones hay para este fenómeno, al que acuden incluso las instancias oficiales para su propia protección. La principal es el menor coste que representa la formación de un guardia jurado frente a la de un policía oficial. Pero refleja también una cierta dejación del Estado, especialmente en las sociedades socialmente dualizadas. Pues la protección de los barrios ricos o, incluso desde el otro extremo, el fenómeno de las panteras negras vienen a alimentar estas tendencias.

No se trata de recrear uno de los orígenes históricos de la formación de los Estados europeos, que en las tesis Charles Tuilly residía en la capacidad de coerción. Pues no es tanto coerción lo que aportan estos servicios privados, como disuasión. Naturalmente, en nuestras democracias, estos servicios se enmarcan en la ley, y no como contraposición, sino como complemento a los cuerpos oficiales.

Ahora bien, en otras latitudes, como por ejemplo en una Rusia en la que la inseguridad ciudadana ha adquirido proporciones preocupantes de la mano de las mafias y asaltantes de diversa calaña, la situación puede ser bien diferente, con un concepto de "complemento" peculiar que atenta directamente contra el principio de Weber.

No se trata de hipótesis, sino de hechos. En la noche, del 3 al 4 de octubre de 1993, cuando Borís Yeltsin ordenó el asalto al Parlamento, el presidente de un conocido grupo financiero ruso -y probablemente no fue el único- decidió sacar a su centenar largo de guardias privados a la calle, en apoyo de la acción presidencial. Éstos privados se dedicaron a oponerse a los que intentaban apoyar al parlamento en contra del presidente, deteniéndolos y poniéndolos a disposición de la policía oficial. La ruptura del monopolio quedó patente. Esa noche, el fantasma de Weber debió de inquietarse.