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Tribuna
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Voces de muerte

La honda conmoción social producida por el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA no dejó a los partidos de la Mesa de Ajuria-Enea otra salida que suscribir al día siguiente un enérgico comunicado de condena contra los criminales y sus cómplices; las de más instituciones vascas y los grupos parlamentarios firmantes del Pacto de Madrid respaldaron anteayer, ese texto. Atrás quedan los ventajismos, las cobardías y los oportunismos que regalaron a los terroristas, mediante la tentativa de internacionalizar el vidrioso debate sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, un amplio margen de maniobra para esa guerra psicológica que prepara los ejercicio los con fuego real posteriores. Y en el futuro se inscribe el temor a eventuales inconsecuencias partidistas capaces de convertir en papel mojado el compromiso acordado por todas las fuerzas parlamentarias para romper definitiva y completamente los puentes con HB, cuyos dirigentes -dice el comunicado de la Mesa- "o bien están en el diseño del crimen, o bien lo estimulan o lo -provocan con sus palabras".La tensión entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia mencionada en su día por Gramsci planea sobre cualquier pronóstico sensato sobre el País Vasco. El vigor del razonamiento y la emotividad expresiva del documento de la Mesa de Ajuria Enea abogan por la solidez de sus propositos; aunque ese texto consensuado conceda una inmerecida preferencia retórica, a un Pueblo divinizado (con mayúscula) frente a una sociedad secularizada de ciudadanos (con minúscula), los contenidos democráticos y pluralistas del comunicado nada tienen que ver con la terminología totalitaria empleada por ETA para presentarse como la vanguardia armada y el representante exclusivo de esa mitológica entidad ahistórica. Sin embargo, la experiencia enseña que otros acuerdos previamente alcanzados por las fuerzas democráticas, tras algunos espantosos atentados de ETA, para cortar cualquier relación con los cómplices del terror tuvieron un corto recorrido; el abismo abierto ante la clase política por la reacción social contra el asesinato del concejal de Ermua tal vez haga, posible esta vez la retirada del apoyo de los grupos dernocráticos que dieron a HB varias alcaldías (la de Mondragón entre otras) de los 25 ayuntamientos bajo su control.

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El comunicado de Ajuria Enea no concreta -esa labor corresponde a las instituciones- los procedimientos específicos para hacer operativa la, ruptura con HB, cómplice del abominable asesinato "con su palabra de apoyo o su silencio cobarde". Los peligros del activismo legislativo en situaciones emotivas y el obligado respeto a la Constitución aconsejarían cierta cautela a la hora de emprender reformas urgentes del marco penal y procesal. Pero los jueces, los fiscales y los juristas ya pueden analizar conceptualmente si son aplicables a los comportamientos de: esos terroristas verbales algunos de los tipos delictivos del nuevo Código Penal: por ejemplo, la incitación directa, por medio de la prensa y de la radio o ante una concurrencia, a la comisión de delitos terroristas y la provocación a la discriminación, el odio o la violencia por motivos racistas, de origen nacional, ideológicos o de creencias.

El juez de la Corte Suprema norteamericana Oliver Wendell Holmes Jr ilustró en 1919 la doctrina del "riesgo claro e inminente" como límite a la libertad de expresión con un ejemplo imaginario: esa garantía constitucional no amparararía la falsa alarma del insensato que gritase ¡fuego! y produjese el pánico en un teatro abarrotado. Tampoco la protección dada por nuestra Constitución a la libertad de expresión cubre a los provocadores que incitan al asesinato ("iETA, mátalos") o se burlan de las, víctimas del terrorismo. El inefable secretario de Estado de Comunicación Rodríguez sostiene que "las palabras no matan": una afirmación desmentida, sin embargo, por esas voces asesinas -¡apunten, fuego!- que ordenan disparar a ETA.

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