La Comunidad rechaza el traspaso educativo de 100.000 millones más

Este sistema no le convence a la Comunidad de Madrid, pues, según han estimado los técnicos regionales, para cubrir el agujero del traspaso educativo con el sistema que propone la Administración central tendrían que recaudar cada año entre un 15% y un 20% más de IRPF que el ejercicio anterior. Al estudiar la evolución de este impuesto en los últimos años han descubierto que la subida nunca supera el 5%. Con esos indicadores Madrid tendría que endeudarse para atender las necesidades educativas, lo que resultaría inviable por los criterios de austeridad impuestos por el Gobierno central.La Consejería de Educación tiene otro modelo para garantizarse un traspaso suficiente. "Si recaudamos más de lo que necesitamos para financiar la enseñanza, que se lo quede la Administración central. Pero si recaudamos menos, que nos den lo que falte. Con ese sistema estaríamos dispuestos a firmar el traspaso mañana mismo", explicaron ayer fuentes de la consejería.

El problema surgido por el traspaso de competencias es mayor. El consejero de Educación, Gustavo Villapalos, ha hipotecado su futuro político al éxito en las negociaciones sobre la transferencia educativa. Hace seis meses, cuando se presumía que Educación iba a proponer un traspaso sin dinero extra, Villapalos advirtió de que si le obligaban a aceptar ese acuerdo dejaría la consejería.

De inmediato, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, salió en su defensa p ara señalar que la Comunidad de Madrid no aceptaría un traspaso con financiación insuficiente.

Sólo quedan seis meses para que se resuelva esta discrepancia en los números. La Consejería de Educación está dispuesta a negociar la cantidad global de la cesión. Entre los 227.000 millones que propone el ministerio y los 270.000 que pide la Comunidad puede existir un término medio. Pero considera innegociable los otros 60.000 millones de pesetas extras que necesita para adecuar las infraestructuras educativas a las necesidades de nuevos centros, mayores subvenciones, más gastos de personal, que surgirán como consecuencia de la aplicación de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Si Madrid no acepta la propuesta del Ministerio de Educación, los colegios e institutos de la región seguirán gestionados por la Administración central. Pero no será el único efecto del desacuerdo. Madrid no podrá asumir la cesión del 30% de IRPF aprobada por todas las autonomías gobernadas por el PP.

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ha repetido en numerosas ocasiones que la región que gobierna ganará autonomía financiera cuando tenga capacidad normativa propia y reciba la cesión del 30% de ese impuesto. La educación puede ser un obstáculo insalvable para conseguir ese objetivo.