Estados Unidos y la Unión Europea buscan fórmulas para evitar el terrorismo y el narcotráfico en Internet

Estados Unidos y la Unión Europea abrieron ayer una ronda de conversaciones para unificar la lucha común contra la utilización de Internet con fines delictivos. Ira Magaziner, consejero del presidente Bill Clinton, se entrevistó en Bruselas con el comisario de Telecomunicaciones, el alemán Martin Bangemann. Fue el primer encuentro de lo que se prevé será una larga serie.

Ambas partes están especialmente interesadas en impedir que la red de Internet sea utilizada de forma impune por el narcotráfico y el terrorismo internacional o que se convierta en un foco de distribución de pornografía infantil. Pero al mismo tiempo coinciden en que la red es una herramienta de extraordinario valor para impulsar la educación y para el crecimiento de la economía mundial, y en que la libertad de expresión debe estar garantizada. Incluso hasta el punto de permitir la difusión de pornografía siempre y cuando ésta no implique a menores de edad. Para evitar que ésta llegue a un público que no desea verla o que no tiene la edad mínima para contemplarla, ambas partes quieren promocionar los programas informáticos que permiten condicionar el acceso de los usuarios a estos servicios.El mismo tema fue objeto de una conferencia celebrada en Bonn bajo el lema "Aprovechar las oportunidades de las redes de comunicación global", en la que participaron ministros de 29 países. La conferencia ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los intereses comerciales, para promocionar el uso de las redes, y los del Estado en defender la seguridad y combatir los abusos. Concluyó la conferencia de dos días con la Declaración de Bonn, que establece en su punto 36 la posibilidad de elegir con libertad productos criptografiados, dentro del marco de las leyes vigentes, y considera esto como "una aportación eficaz para una mayor seguridad y confidencialidad de los datos relativos a las personas o los negocios". No obstante, tras esta afirmación favorable al cifrado de informaciones en las redes, la declaración establece que "en el caso de que algunos países adopten medidas para proteger las necesidades legítimas de un acceso legal, ésas deberán ser proporcionadas y eficaces, con respeto a las disposiciones vigentes sobre el ámbito privado". Tras esta formulación, que parece dar una de cal y otra de arena, se esconde la disputa entre la libre circulación y el uso de las redes globales de comunicación y el interés del Estado en impedir delitos.