La fuga de Otegi
MIKEL OTEGI se ha dado a la fuga. Desde ayer es un prófugo de la justicia, que ha ordenado su busca y captura para que comparezca ante los tribunales y determinar sí debe ingresar o no en prisión antes de que se celebre un nuevo juicio con jurado popular por matar a tiros a los ertzainas Iñaki Mendiluce y José Luis González Villanueva. Esta desaparición es un acontecimiento más, muy grave, eso sí, en la peripecia procesal de Otegi, ya de por sí pródiga en sorpresas. Las más espectacular fue, sin duda, el veredicto absolutorio que dictó un jurado el pasado 6 de marzo pese a que el acusado había confesado el homicidio de dos ertzainas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el juicio y dictaminó que se celebrara una nueva vista oral.La absolución de Otegi abrió un debate, seguramente fructífero, sobre los límites del jurado popular. Pero la desparición se relaciona sólo tangencialmente con este debate. Es evidente que un individuo que mató a dos policías simplemente por el hecho de "sentirse acosado" no iba a esperar sentado en su domicilio a que llegara la fecha del nuevo juicio y la probabilidad de que acudiera a la vista preliminar de hoy era tan escasa como la de que se presentara el sábado en el juzgado.
Es muy probable que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya incurrido en una cierta ingenuidad al no tener en cuenta estos aspectos y no decretar de forma inmediata, en el momento de la anulación del juicio anterior, la adopción de medidas cautelares para garantizar la presencia de Otegi en las vistas subsiguientes. Estas medidas llegaron con una semana de retraso, cuando la Ertzaintza había abandonado ya el control de Otegi y era difícil recuperar su rastro.
Esta ingenuidad es incluso patente en el auto dictado ayer de busca y captura contra Otegi, en el que se especifica que tiene como objeto la presencia del inculpado ante los tribunales, pero mantiene la situación de libertad provisional actual mientras la vista no decida si debe ir o no a la cárcel antes del juicio. La benevolencia del tribunal es indudable cuando está más que demostrado que Otegi es un prófugo -ha dejado de acudir a tres comparecencias seguidas- y sus deseos de someterse a la decisión de los tribunales son inexistentes. Semejante bonhomía choca con las declaraciones del abogado de Otegi, que no ha dudado en apuntarse al cinismo cuando explica la ausencia de su defendido en que "tiene derecho a unas vacaciones como todo el mundo".
Las apreciaciones de Xabier Arzalluz atribuyendo al jurado que absolvió a Otegi la responsabilidad principal por la situación actual de busca y captura puede ser defendida, sin duda, pero equivale a esquivar la responsabilidad final, que otros líderes políticos prefieren residenciar en los tribunales. Por errónea que fuera su decisión, el jurado la tomó el 6 de marzo y se disolvió. Cargar todas las culpas sobre el sistema del jurado es cuando menos ignorar la cadena de errores cometida desde marzo en otras instancias judiciales y policiales.
El caso Otegi es un paradigma perfecto para analizar la situación de la justicia. Por desgracia, la excelente impresión causada por la anulación de la sentencia absolutoria, que supuso un respiro de alivio para la estupefacta sociedad española, que asistió perpleja a la decisión del jurado, ha sido completamente borrada por un defecto de procedimiento que ha permitido la fuga del encausado. Queda la amarga sensación de que las cosas nunca acaban de hacerse bien.
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