Galapagar levantó en suelo rústico y sin licencia un colegio público

Los 180 alumnos del único colegio público de La Navata -barrio de Galapagar (16.474 habitantes)- estudian sobre suelo ilegal. Así lo ha descubierto la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad, que ha exigido al, Ayuntamiento, del PP, que tome medidas al respecto. El alcalde ha hecho oídos sordos a la advertencia. El municipio cedió al Ministerio de Educación suelo rústico para levantar el centro.

Los 10.000 metros cuadrados que el alcalde, Eugenio de Pablo, ha cedido al Ministerio de Educación para la construcción del colegio público de La Navata entran dentro de una operación urbanística de mayor calibre: la recalificación del resto de la finca, 51.000 metros cuadrados, para Ievantar una urbanización de 60 chalés adosados en parcelas de 600 metros, según Manuel Cabrera, portavoz socialista.La oposición municipal, formada por el PSOE y el Grupo Independiente denuncia que, "con el pretexto de la construcción del colegio público, el alcalde ha recalificado unos terrenos privados en los que se generan cuantiosas plusvalías que, de alguna manera, tambien le beneficiarán a él". Así lo manifestaron Cabrera y Victoriano Martínez, concejal del Grupo Independiente local. De Pablo niega tal acusación e insta a ambos a denunciarle ante los tribunales.

Para conseguir los terrenos necesarios para levantar el colegio, el alcalde firmó un convenio con los propietarios del suelo: "Si tu [propietario] me cedes 10.000 metros cuadrados de tu finca, yo [alcalde] te la recalifico entera". Así explicó el propio De Pablo la operación. Pero cuando solicitó a la Consejería de Obras Públicas la a aprobación definitiva de la recalificación, los tecnicos regionales se la denegaron el 28 de enero. El colegio estaba a punto de abrirse. Los técnicos regionales advirtieron al alcalde que, al no haber tomado las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística, podía incurrir en responsabilidad civil o penal, "por las omisiones administrativas realizadas en el ejercicio de su cargo" al, recalificar el terreno, según se lee en la misiva oficial.El socialista Cabrera asegura que el proceder del alcalde es "absolutamente arbitrario y carece de planificación urbanística alguna". De Pablo reconoció que "los trámites seguidos en el proceso de construcción del colegio no han ido acompañados del paralelo y preceptivo proceso administrativo", explicó el alcalde, de profesión abogado. A pesar de la advertencia de los técnicos regionales, Eugenio de Pablo afirma: "No pienso modificar el convenio por el bien del pueblo".