Juicio político(II)

EL DIRECTOR-fundador y actual consejero delegado de este periódico presentó ayer formalmente su recusación contra el magistrado Javier Gómez de Liaño en la causa que instruye sobre la empresa de televisión Sogecable, gestionada por el Grupo PRISA. Muchos pensarán que ya era hora, y no faltará quien se pregunte por qué han soportado los querellados en este caso el cúmulo de irregularidades que presiden la instrucción sin ejercer antes su legítimo derecho a reclamar un juez imparcial. A la vista del escrito de recusación y de los acontecimientos de las últimas semanas, la respuesta no es difícil de encontrar: la animadversión del juez Gómez de Liaño -y aun de su familia- hacia EL PAÍS y hacia su primer director vienen de lejos, Pero el auto dictado después de la declaración de nuestro presidente, Jesús de Polanco, es la prueba evidente de que es imposible recabar imparcialidad a quien tanto se ha distinguido en su aversión a este periódico y a quienes lo realizan.La recusación ejercida por Juan Luis Cebrián se hace, inevitablemente, a título Personal, pero conviene no engañarse: tiene el apoyo solidario del resto de los encausados y representa, a mayor abundamiento, la recusación mucho más contundente y amplia que el colectivo de esta empresa y del grupo de medios de comunicación que nació del desarrollo de EL PAÍS vienen expresando desde hace tiempo. Después de lo sucedido con nuestro presidente, que lo es también de Sogecable, la dignidad es la mejor y más evidente de las razones para que se haya dado el paso que comentamos.

Pero no es la única. El incidente de recusación permitirá al instructor del mismo comprobar hasta qué punto todo este asunto es un puro amaño, un verdadero montaje -como los afectados han repetido en varias ocasiones- emanado de la conspiración activa de algunos individuos que no paran mientes a la hora de presumir de sus relaciones personales y familiares con el juez encargado del mismo. ¿Cómo es posible que el primer, denunciante, que pone en marcha la instrucción, presuma de su relación con el magistrado encargado de la misma? ¿Cómo aceptar, sin reacción alguna, la chulería de mostrarse repetidas veces en público y en privado en compañía del Juez al que jalea y presiona de continuo desde las tribunas a su alcance? ¿Cómo imaginar que, tras las numerosas irregularidades en la instrucción, el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial, la renovada desobediencia de los fiscales indomables de la Audiencia, el desprecio a los dictámenes de los peritos del Ministerio de Hacienda y de los expertos juristas que insisten en la inexistencia de delito, los imputados iban a permanecer pasivos sin ejercer todas las armas que el Estado de derecho pone en sus manos a la hora de defender no sólo su inocencia -tan evidente como incontestada por quienes se han acercado con limpia objetividad al caso-, sino el honor y la imagen de sus nombres, de sus empresas, de su trayectoria profesional? Honor e imagen hoy ya indisolublemente unidos a la devolución de ambas cosas a una Audiencia Nacional, cuyo prestigio. viene siendo zarandeado por un juez como el que nos ocupa. ¿Y cómo nadie podría creer que ante los intereses de quienes se empeñan en utilizar a la Administración de justicia con desfachatez para obtener sus turbios fines, nuestro periódico, situado desde, el principio en el centro del objetivo de esta campaña infame, iba a permanecer callado? Decíamos hace ocho días, y repetirnos ahora, que el llamado caso Sogecable es en realidad un juicio político, instrumentado al hilo de las medidas gubernamentales sobre la televisión digital, iniciado mediante los informes. que encargó un, secretario de Estado, y que ha conseguido dividir a la sociedad española ante el espectáculo de desviación de poder que estamos viviendo. Es una, auténtica causa general contra un grupo independiente de medios de comunicación, contra quienes Id fundaron, lo dirigen y lo inspiran, pero también contra los trabajadores, los accionistas y quienes respaldan su quehacer diario como lectores, oyentes, o televidentes. Es el intento de criminalizar la actividad de la prensa libre y de mancillar la fama de algunos de sus exponentes más conocidos. Para que sirva de ejemplo a los tibios y de escarmiento a los rebeldes.

Las grandes maniobras se cuecen a veces en los pequeños rincones. La aparición de individuos como Rafael Pérez Escolar, Jesús Cacho o García Trevijano entre los bastidores de la trama, el abuso de la figura de la acción popular, utilizada con demasiada frecuencia por estafadores, grandes delincuentes de cuello blanco y oportunistas, pone, de relieve. que muy pocas personas con algo de dinero y tiempo se bastan para sacudir la estabilidad de nuestra frágil convivencia democrática, sobre todo si cuentan con complicidades o aplausos en sectores de la Administración del Estado.

Ya, sólo los ciegos ponen en duda que el caso Sogecable se inscribe en una acción del poder para tratar de doblegar a los medios de comunicación. del Grupo PRISA. La convocatoria a Jorge Semprún para que acuda ante el juez, saltándose todo orden lógico en la instrucción de la querella, pone igualmente de relieve las auténticas intenciones del procedimiento. Es tan diáfano que no ha existido ni apropiación ni desvío de fondos, ni ocultación de pasivos, ni ningún tipo de irregularidad, que es preciso buscar ahora responsabilidades en la ad judicación de la licencia de Canal +, cuya limpieza y legalidad han sido empero refrendadas recientemente por el Tribunal Supremo. El caso es buscar y rebuscar, encontrar algo aparentemente punible que permita es conder las. crecientes y graves responsabilidades en las que querellantes, juez y fiscal pueden incurrir tras el despropósito de sus actuaciones.

La recusación del juez Gómez de Liaño, si es acepta da, como esperamos dados los diáfanos motivos que la inspiran' alentará la esperanza de que se acelere la instrucción y se resuelva cuanto antes el contencioso. Los .únicos perjudicados visibles en este caso son la empresa y sus, administradores, por lo que es preciso no prolongar las diligencias innecesariamente. Pero estamos también ante una oportunidad de oro para empezar a poner orden en la Audiencia Nacional, descubrir las manipulaciones de quienes administran justicia con total irresponsabilidad y devolver a los tribunales la buena imagen que necesitan y, salvo excepciones, merecen.