Portugal se propone modernizar su policía para acabar con los abusos

El Gobierno socialista portugués ha emprendido una profunda re forma del aparato policial y judicial que, a juicio del número dos del Ejecutivo, Antonio Vitorino, había quedado "muy atrasado, prácticamente obsoleto". La modernización de estos aparatos del Estado constituye otro de los grandes desafíos de los socialistas lusos, que ya han anunciado diversas medidas para combatir severamente los abusos policiales y agilizar la maquinaria judicial. La violencia y abusos policiales, nuevamente recogidos en el último informe de Amnistía Internacional (Al), han provocado serios problemas al actual Gobierno socialista, que no reaccionó, en un principio, con la severidad que exigían los graves episodios protagonizados por sus fuerzas de seguridad.El ministro de la Presidencia y titular de Defensa, Antonio Vitorino, sostiene que "estos casos no sólo se han producido con este Gobierno; simplemente este Ejecutivo se comprometió a darlos a conocer a la opinión pública y a accionar los mecanismos de sanción". En su opinión, "se trata de abusos puntuales, graves pero no generalizados". No obstante, Vitorino reconoce que "el modelo policial en Portugal ha quedado muy atrasado, prácticamente obsoleto, para lo cual hemos puesto en marcha un amplio plan de modernización".

El ministro del Interior, Alberto Costa, anunció esta misma semana que el Gobierno iniciará este año la desmilitarización de la policía, para lo cual será creada una Dirección General ' dirigida por civiles, que acabará con el actual comando general de la Policía de Seguridad Pública (PSP).

El supuesto aumento de la criminalidad, como la matanza de Amarante (donde fueron asesinadas 12 personas en un ajuste de cuentas entre proxenetas), no responde a la realidad, a juicio de Vitorino. El ministro de la Presidencia sostiene que "ha aumentado el sentimiento colectivo de inseguridad, pero los datos demuestran que la criminalidad ha disminuido".

Lo que no ofrece ninguna duda al número dos del Gobierno es el colapso judicial que atraviesa la maquinaria lusa: "Estamos preparando una reforma de nuestra legislación que, por sus propias características, alarga enormemente los procesos y ello ha causado una gran preocupación en el Gobierno". En este sentido, el ministro de Justicia, José Eduardo Vera Jardim, ha iniciado ya una "amplia reforma de la organización judicial" para agilizar los procesos de la pequeña delincuencia, informatizar todos los tribunales (todavía las sentencias se redactan a mano) e incluso crear un, cuerpo de asesores judiciales.

La futura revisión Constitucional, aún en proceso de negociaciones, plantea también decisivas reformas del aparato judicial luso.