El fiscal destapa la primera relación del PP y el túnel de Sóller

"¡No! Nunca he sido miembro de la junta directiva del PP". Gabriel Le-Senne, delegado del Gobierno balear en la empresa de túnel de Sóller y director genera de Obras Públicas, contestó ayer, desconcertado, cuando el fiscal del caso Sóller, Juan Carrau, destapó su vinculación activa con la estructura dirigente del PP balear y su actividad en un comité de la campaña electoral europea de 1989. Ante su sorpresa, Carrau le relacionó los documentos, entregados por el PP, en los que Le-Senne figura entre los 25 miembros de la Junta Regional y las actas de las reuniones en las que participó.

En aquel mismo año de 1989, pocos meses después de la concesión del túnel por el Gobierno balear, el PP gastó los 50 millones de pesetas de supuestas comisiones pagadas por el adjudicatario de la obra, Antonio Cuart, amigo y socio del ex presidente Gabriel Canellas. La acusación cree que la presencia de Le-Senne como directivo en el PP, sus cargos en el Ejecutivo y en la firma del túnel hasta ahora, suponen el primer nexo directo para reforzar su sospechas de prevaricación y cohecho. El alto cargo, que declaró como testigo, no será imputado por el fiscal porque la concesión la efectuó el Gobierno.

Le-Senne argumentó que no era policía ni censor contable y que por ello "no tenía noticias" sobre la factura falsa de 136 millones de pesetas el supuesto pago de dádivas al PP que figura en las cuentas de la compañía. El testigo tiene encomendado en el concesionario del túnel un papel de síndico o interventor. En su condición institucional en una firma concesionaria de un servicio público, puede asistir a los consejos de administración de la firma que explota el túnel. Nunca lo hizo. Tampoco censuró o examinó a fondo las cuentas que le presentaba Cuart.

Agobios monetarios

El destapado dirigente no explicó al Gobierno los grandes agobios monetariós que hacían inviable continuar el ritmo de la obra y no objetó la marcha del proyecto. El fiscal y la acusación, IU, afirman que el Ejecutivo balear actuó de una manera delictiva al otorgar la concesión a la oferta valorada en tercer lugar entre cuatro concursantes y autorizando luego sucesivas prórrogas a Cuart. Estas facilidades, a juicio del fiscal, no se justifican por el supuesto caos geológico de la montaña ni por el fiasco financiero de la guerra del Golfo, aducido por los acusados.La apertura del túnel de Sóller se retrasó más de siete años debido a los problemas derivados de la gestión y estrategia económica de Cuart, tal como reseñó en una declaración contundente el delega do de FCC, Diego Suárez, empresa que llegó a. acumular 2.050 millones de deuda con la concesionaria. Con un capital de 450 millones, Cuart, supuestamente, desvió 136 millones para el pago de comisiones antes de comenzar a perforar la montaña. En 1994 quebró.