Día de liberación
LA DE ayer fue una jornada reconfortante para quienes creemos en la convivencia y defendemos la libertad. Dos ciudadanos secuestrados por ETA, el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y el abogado Cosme Delclaux Zubiría, fueron liberados después de 532 y 232 días, respectivamente, de encierro forzado en condiciones terribles. La libertad de ambos se ha alcanzado por caminos diferentes, podría decirse que contradictorios, pero el final de un secuestro es siempre una, buena noticia. En el caso de Ortega Lara hay que congratularse doblemente, porque su rescate ha sido fruto de una brillante operación de la Guardia Civil, en la fase de investigación y en el asalto, que se realizó sin disparar un tiro. Los cuatro etarras del comando de vigilancia fueron detenidos y, lo que es más importante, ETA ha perdido a un rehén con el que trató de chantajear infructuosamente al Estado. Delclaux alcanzó la libertad después de que su familia pagara un rescate de 1.000 millones de pesetas, que ETA empleará sin duda para costear su campaña de terror. Aun así, vale la reflexión que hizo ayer el ministro del Interior: ¿puede reprocharse a una familia que trate de salvar por cualquier medio a uno de los suyos una vez que ha sido secuestrado?El primer objetivo de las fuerzas de seguridad debe ser ahora prender a los secuestradores de Delclaux y evitar que hagan uso del cuantioso rescate para secuestrar, torturar o asesinar a otros ciudadanos. Esto constituiría un éxito pleno para el Estado de derecho. Tres horas después de que Delclaux apareciera atado a un árbol en las cercanías de Elorrio (Vizcaya), guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo y Grupos Antiterroristas Rurales liberaban a Ortega Lara mediante una operación relámpago, en las proximidades de la población guipuzcoana de Arrasate (Mondragón). El estado físico del funcionario de prisiones, que presentaba síntomas de depresión aguda y que ha perdido 23 kilos de peso durante su confinamiento, es una denuncia lacerante e inapelable del terrible suplicio que significa cualquier secuestro de ETA, y muy en concreto éste, que con casi año y medio ha sido el más largo de los realizados por la banda. ¿Quién que viera las fotografías e imágenes de televisión de Ortega Lara no recordó a los supervivientes de los campos de concentración nazis? ¿Cómo no hacer una analogía entre los terroristas y los carceleros de las SS?
El éxito policial en la liberación de Ortega Lara es un magnífico colofón político a la libertad de Delclaux; de este modo se evita la inevitable sensación de impotencia del Estado que se hubiera producido en el caso de que Delclaux hubiese sido liberado por voluntad de ETA, tras pagar un fuerte rescate, mientras el funcionario Ortega Lara permanecía en el agujero sin posibilidad de redención. Más allá de las casualidades, la coincidencia del rescate de Ortega con la liberación de Delclaux plantea algunos interrogantes, pero se, ha hecho realidad la opción más favorable para los intereses del Estado democrático. Su rescate es una inyección de ánimo y optimismo para la sociedad española, seriamente abatida por la aparente impunidad que parecía proteger a la banda terrorista en su carrera interminable de chantajes, atentados y tiros en la nuca.
De la jornada de ayer cabe extraer también reflexiones políticas esclarecedoras. No hace demasiados días que algún partido político, caracterizado por su meliflua oposición al nacionalismo violento vasco, sugería de forma agorera que el Ministerio del Interior se había olvidado por completo del secuestro de Ortega Lara. Esta acusación ha quedado desmentida por los hechos y deja en mal lugar a quienes con tanta irresponsabilidad la emitieron. También se han utilizado con demasiada ligereza los secuestros de Delclaux y Ortega Lara como argumento forzado a favor de que el Gobierno avance en la política de acercamiento de los presos vascos a Euskadi. El intercambio de concesiones y guiños de complicidad con los terroristas, en términos de equidistancia, es una mala política, tal como ha demostrado la experiencia de los últimos 20 años.
El viento ha tomado y es favorable a los intereses del Estado democrático. Una vez que el Ministerio del Interior se ha liberado del chantaje de ETA y los dos secuestrados están en libertad, no existen impedimentos políticos para que atienda lo que se ha configurado, como un consenso social y acerque selectivamente a presos etarras al País Vasco. Siempre y cuando tal reagrupamiento no signifique un obstáculo para la política antiterrorista general. Castigar a las familias, obligándolas a largos y costosos viajes para ver a sus familiares presos, es una forma de ampliar el rencor social y en muchos casos equivale a empujar a las familias al entorno organizativo de ETA. Nadie podrá decir que, en estas circunstancias, el Estado democrático cede al chantaje del secuestro. Es la primera vez, desde mayo de 1995, que ETA no tiene a nadie secuestrado. Esto es también un triunfo de todos los ciudadanos que, con encomiable tenacidad, se han manifestado para denunciar la ignominia terrorista y dejar bien claro que la sociedad no tolera la extorsión y el crimen. Ganan los demócratas.
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