El fiscal y los abogados del 'caso Filesa' piden que se anule la acusación del PP por inconcreta e ilegal

El fiscal y los primeros abogados defensores que intervinieron ayer ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en la primera jornada de la vista oral del caso Filesa (sobre presunta financiación irregular del PSOE), pidieron la nulidad del escrito de acusación del PP, por su falta de concreción de los hechos y de calificación jurídica de los delitos, como exige la ley. Varios de los letrados basaron también la nulidad de actuaciones respecto a sus patrocinados en la vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción del caso por parte del magistrado Marino Barbero.

En la vista preliminar, iniciada ayer en jornadas de mañana y tarde, el fiscal Antonio Salinas planteó la nulidad de la resolución de la sala que decretó la apertura del juicio oral. Fundamentó tal petición en que no rechazó, como había hecho el segundo juez instructor del caso [por retirada de Barbero], Enrique Bacigalupo, el escrito de acusación del PP. Salinas impugnó tal escrito por falta de una relación detallada de las conductas, que ha hecho que comparezcan como imputadas 17 personas que no lo estaban y "contra quienes puede no haber indicios de delito".El fiscal atribuyó a la falta de detalle de los hechos que no pueda aplicarse en algunos casos la prescripción de los delitos, ya que para ello es preciso conocer cuándo se produjeron. Igualmente, estimó que, en lugar de calificación jurídica de los hechos, el PP se limitó a hacer "comentarios generales, seguidos de una lista de delitos".

Por otra parte, el fiscal Salinas reprochó a la sala la denegación de una serie de testigos relacionados con las entidades que presuntamente abonaron cantidades para financiar al PSOE, entre ellos el directivo del Banco Bilbao Vizcaya, José Antonio Sáez de Azcúnaga.

Dentro del turno de los acusadores intervino el letrado Juan Ramón Montero, que ejerce la acción popular por el PP. Calificó de "sorpresiva" la intervención del fiscal y, para rebatirla, pidió que se leyera íntegramente su escrito de acusación, a lo que no accedió el presidente de la sala, José Augusto de Vega. El letrado Montero trató de justificar la falta de concreción de sus escritos en que ya, detallaban suficientemente los hechos los peritos y los denunciantes, cuyos documentos incorporó al suyo.

Montero argumentó también que en el procedimiento abreviado, la vista oral es el momento adecuado para las calificaciones jurídicas definitivas, con lo que todavía eran subsanables las deficiencias en ese sentido.

El suplicatorio de Guerra

Además de oponerse a la solicitud del fiscal contra la acusación realizada por el PP, el abogado Montero reprochó, a su vez, a la sala la denegación de la petición de suplicatorio de un aforado [se refería, sin nombrarlo, a Alfonso Guerra, ex vicesecretario general del PSOE] y la negativa a la comparecencia, como testigos, entre otros empresarios, de David Granados, Vicente J. Marín, Carlos Rodríguez y Ramón Picot.Cerró el turno de las acusaciones, el letrado Marcos García Montes, que ejerce la acción popular en nombre del empresario José María Ruiz-Mateos. García Montes se refirió a la denegación de la petición de suplicatorio contra Guerra, "persona que tenía constancia de los hechos delictivos y que posiblemente pudiera estar implicado en ellos". En cambio, se felicitó de que la sala hubiera aceptado que declaren como testigos Guerra y el ex secretario general del PSOE, Felipe González.

El turno de los 26 abogados defensores lo inició el catedrático de Derecho Penal Manuel Cobo del Rosal, letrado de Carlos García Pardo, acusado de delito defraudatorio de contrato simulado, en su calidad de directivo de Producciones Dobbs, que prestó servicios a Filesa. En coincidencia con el fiscal, Cobo del Rosal invalidó el escrito de conclusiones provisionales del PP, ya que, según dijo, en sus 545 páginas, no relata la conducta de su defendido, a pesar de lo cual le acusa.

Cobo del Rosal aseguró que tal actuación produce radical indefensión y recuerda, aseguró, "el proceso de Kafka".

Prescripción

En cuanto a los hechos que sí fueron imputados a su defendido, Cobo del Rosal indicó que parten de una factura del 30 de junio de 1989, pagada unos días después, y que hasta el 21 de septiembre de 1994 no se dirigió el procedimiento contra él mediante su citación como imputado, con lo que transcurrieron más de cinco anos desde que pudo cometerse, por lo que está prescrito.El abogado José María Cánovas Delgado, defensor del senador y dirigente socialista Josep María Sala i Grisó -acusado de falsedad en documento mercantil y en documento privado, fiscal y contable, apropiación indebida, uso de información privilegiada, malversación, fraude, exacción ¡legal, tráfico de influencias, defraudatorio de contrato simulado, maquinación para alterar precios y asociación ilícita- hizo un largo alegato que inició sorprendiéndose de la sorpresa del abogado del PP ante las críticas del fiscal. Cánovas se unió a ellas cuando recordó que el escrito de acusación de Montero contiene "en 545 folios calificaciones abstractas y crónicas sociopolíticas, para luego acusar de 14 delitos a mi patrocinado", arguyó.

Cánovas insistió en la necesidad legal de relatos de hechos concretos para sostener una acusación. Tampoco aceptó las referencias genéricas a irregularidades en documentos mercantiles, realizadas por el acusador Ruiz-Mateos. En su intervención argumentó la nulidad de las actuaciones realizadas entre el 22 de enero de 1992 y el 1 de diciembre de 1993 a causa de que en la primera fecha indicada el instructor Barbero llamó a declarar al senador Sala sin previa petición de suplicatorio. El defensor de Sala estimó que sólo pueden considerarse válidas las imputaciones realizadas a partir de 1993.