El veneno

LA FINANCIACIÓN de los partidos políticos es uno de los problemas más significativos que tiene planteados la democracia en general y la española en particular. Tal trascendencia se explica por la senda peligrosa en que han entrado las" organizaciones políticas para sufragar su funcionamiento, más caro y complejo cada día. El cobro de comisiones, la exacción de tributos irregulares, las mordidas e impuestos revolucionarios en las obras públicas, la creación de sociedades de servicios fantasma, etcétera, se han convertido en turbias fuentes de suministro de dinero sin control y a las que, por desgracia, muy diversos partidos de distinta ideología parecen haber recurrido de forma nada escrupulosa, con grave daño de su credibilidad ante unos ciudadanos a los que se exige transparencia y austeridad en sus relaciones con el Estado.El caso Filesa (que afecta al PSOE), cuya vista preliminar comienza hoy, y el juicio por el caso del túnel de Sóller (que tiene como protagonista al PP), en Palma de Mallorca, son ejemplos suficientes de la desviación democrática que supone la Financiación irregular de los partidos políticos. Filesa y Sóller no son casos iguales. En el primero, se investiga la creación por parte del PSOE de una trama de sociedades (Malesa, Filesa y Time Export) dedicadas a la captación organizada de fondos procedentes del sector privado. Hay 26 acusados, aunque tras siete años de investigación Judicial no se conoce con nitidez la identidad concreta de quienes crearon las sociedades. La vista preliminar examinará probablemente la petición de nulidad del proceso por defectos en la instrucción del sumario por el juez Marino Barbero. El precedente del caso Naseiro (tesorero del PP), en el que fue anulada la principal prueba de la acusación por defectos de forma (escuchas telefónicas sin autorización judicial), pesa ominosamente sobre Filesa.

El juicio del túnel de Sóller presenta perfiles muy explícitos, aunque las cantidades desviadas sean inferiores. Gabriel Cañellas, ex presidente de Baleares, está acusado de prevaricación y cohecho, por percibir 50 millones del empresario Antonio Cuart a cambio de la concesión injusta del túnel de peaje.

Los sistemas corruptos de financiación podrían ser analizados espuriamente como la respuesta lógica de los partidos a los cambios políticos y sociales que han encarecido su funcionamiento y que han reducido sus ingresos por cotización de militantes. Las organizaciones políticas, que se sostenían antaño básicamente con el trabajo gratuito de sus militantes, semejan hoy empresas con gastos exorbitantes, cuyos dirigentes se comportan como ejecutivos y perciben retribuciones a veces tan elevadas como ellos. Al fenómeno de profesionalización de la política hay que añadir el probable descenso de las cotizaciones de los militantes. Esto se explica en gran parte por el escaso interés que tiene para los ciudadanos participar en organizaciones poco transparentes y gobernadas por las decisiones lejanas de un pequeño número de elegidos.

Pero sería lamentable asumir tales explicaciones como irremediables. La primera invocación ante casos como Filesa o el del túnel de Sóller es recordar que los partidos están obligados a cumplir las normas: la Ley de Régimen Electoral, de 1985, y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, de 1987. En segundo lugar, que tales leyes prevén fuentes de financiación pública suficientes. Por último, que si en algún caso no lo fuesen, porque se demostrase una desviación crónica de los gastos de funcionamiento -afirmación harto discutible-, existen procedimientos establecidos para modificar las normas actuales. No hay matices.

La sociedad espera de ambos juicios que desvelen y castiguen las tramas de financiación ilegal de los partidos y que éstos saquen de su esclarecimiento la conclusión de que los ciudadanos han dicho basta a tales prácticas. Ninguna institución democrática puede sobrevivir a la corrupción sistemática y a la falta de transparencia en las cuentas. Aunque ningún particular se hubiese enriquecido por ello.