Cuando la historia se repite

"¡Es el caso de mi vida!", exclamó el magistrado Javier Gómez de Liaño, titular del juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, cuando el pasado 24 de febrero, por el procedimiento de reparto, caía en sus manos la denuncia contra Sogecable presentada por el periodista y director de la revista Época Jaime Campmany. Pero esa frase en voz alta de Gómez de Liaño ante los funcionarios de su propio juzgado era cuando menos engañosa. No en vano, se le presentaba la gran oportunidad de atrapar a los directivos de un grupo de comunicación cuyos periodistas habían puesto al descubierto meses antes los manejos de su hermano Mariano Gómez de Liaño, abogado y socio de Mario Conde en el caso Banesto.Denunciante y magistrado compartían en ese momento una corta pero frondosa amistad motivada por el parentesco de los Campmany con Cristina Márquez de Prado y Noriega, miembro de una familia de latifundistas extremeños venida a menos, entre los que figuran personajes de siniestro recuerdo como Arturo Márquez de Prado, el acompañante del hombre de la gabardina en los sangrientos sucesos de Montejurra (dos muertos, 1976) o Fernando Cotta Márquez de Prado, el magistrado que absolvió a los dos jueces del caso Bardellino (puesta en libertad del jefe de la Camorra italiana, 1986).

Cristina, abogada no ejerciente y estudiante de Historia, es la esposa de Emilio Campmany y Bermejo, hijo del periodista y titular del registro de la propiedad número 1 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), función que actualmente simultánea con un cargo de confianza en el Ministerio de Justicia que preside Margarita Mariscal de Gante. Pero sobre todo es la hermana de la todopoderosa fiscal María Dolores Márquez de Prado, compañera sentimental desde hace cinco años del juez Gómez de Liaño.

Si aquella expresión engañosa delataba el apetito de Gómez de Liaño por Sogecable, y más en concreto por abrir una causa general a su dos principales cabezas visibles, Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián, una indiscreción hacia el exterior de una íntima colaboradora de Campmany en Época ponía al descubierto que el director de esa revista, animado por el juez y en base a unos datos que supuestamente le enviaron desde instancias del Gobierno al periodista Miguel Platón -poco después premiado con la dirección de información de la agencia Efe- estaba decidido a presentar una querella contra Sogecable. Al tratarse sólo de seis juzgados, la suerte o, en su lugar, ciertas mafias que se suelen emplear en el reparto de las denuncias jugaban a favor de que el caso recayese en el juzgado deseado.

La operación no pudo salir más perfecta para ambos. Campmany y Gomez de Liaño, que meses atrás habían compartido con sus respectivas mujeres unas cortas vacaciones en la Lombardía italiana, se convertían, además de amigos, en denunciante y juez instructor del mismo caso ante los atónitos ojos de magistrados, fiscales, secretarios y oficiales de una Audiencia Nacional acostumbrada a todo tipo de escándalos pero superados en esta ocasión por la magnitud de la maniobra.

Invitación a Campmany

Pero ahí no quedó la cosa: Gómez de Liaño ha seguido viéndose en público y sin ningún tipo de pudor con el denunciante Campmany, a quien convidó el 30 de mayo último a pasar un fin de semana, en compañía de la fiscal María Dolores Márquez de Prado y de Conchi Bermejo, la mujer del periodista, en la finca La Azuela, una propiedad rústica con pabellón de caza y plaza de toros incluidos ubicada en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y que su hermano Mariano adquirió a bajo precio en su época próspera de Banesto a un agricultor local llamado Pedro del Pozo.En esa ocasión, el magistrado que instruye el caso Sogecable había pedido la baja en la Audiencia Nacional por encontrarse estresado, lo que no le impidió hacerse por carretera los 150 kilómetros de ida y los otros de vuelta que separan Madrid de la finca de su hermano para corresponder a Jaime Campmany, con quien -lo suele decir con frecuencia- se siente agradecido no sólo por la solidaridad que le expresa su revista, uno de los medios que amamantaba Conde en la época gloriosa de Banesto, sino por ser el hombre que le ha abierto las puertas hacia escritores de la talla del premio Nobel Camilo José Cela o le ha puesto en suerte a sinsorgos personajes como el notario Antonio García-Trevijano, que es a quien la fiscal María Dolores Márquez de Prado encomendó después sus recursos ante el Supremo.

A Javier Gómez de Liaño y Botella, nacido en Orense hace 48 años por razones de destino de su padre, el hoy magistrado retirado Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda, no le quedan ya apenas amigos en la Audiencia Nacional, a excepción de algunos de los fiscales que se mueven en torno a su compañera sentimental. Ni siquiera su compañero de estrellato en los grandes casos, el juez Baltasar Garzón, otrora amigo y hoy horrorizado por la forma cómo se está manejando la instrucción del caso Sogecable. Tampoco parece que tiene la solidaridad de su propio juzgado, dado el alto número de funcionarios a sus órdenes que han pedido el traslado en los últimos tiempos. "La soledad es una bienaventuranza", presagió hace unos meses parafraseando a Oliveira Salazar, el dictador portugués que llegó a decir que se encontraba "orgullosamente solo".

En el pasado, Gómez de Liaño sí que se ganó solidaridades, sobre todo de algunos de sus compañeros de judicatura cuando ocupaba una vocalía en el Consejo General del Poder Judicial (1990-1996). Propuesto para el órgano que gobierna a los jueces por el Partido Popular (PP), su peculiar concepción de la independencia de la justicia -fría y serena, en sus palabras- le indujo a alejarse de los magistrados de talante conservador para, en cambio, arrimarse a los que integraban el cupo socialista. Llegó a votar y a compartir estrategia con ellos, salvo en casos excepcionales como el día que apoyó el nombramiento como presidente de la Sala Segunda del Supremo del tío Fernando -el ultraconservador Fernando Cotta y Márquez de Prado-, que debutó en el cargo intentado retrasar la vista del antejuicio al corrupto Pascual Estevill.La predisposición de Gómez de Liaño hacia los magistrados propuestos por el PSOE le fue un día sumamente agradecida: acorralado por un escándalo que protagonizó al tratar de pertubar la independencia de una magistrada de la plaza de Castilla (intervino en favor de un amigo médico) no sólo le ayudaron a salir indemne del escándalo sino que le sacaron las castañas del fuego. En un momento de arrebato, a este singular magistrado no se le ocurrió otra cosa que enviar su propia versión de los hechos a todos los jueces de España por correo comercial rápido. El resultado fueron unos gastos de más de un millón y medio de pesetas que sus compañeros jueces conservadores no dudaron en señalar como malversación de fondos. Una colecta encabezada por la entonces vocal María Teresa Fernández de la Vega y a la que concurrieron los demás jueces del cupo socialista tapó el escándalo.

El sumario de Banesto

Arrebatos como el anterior explicarían en opinión de algunos compañeros de profesión, su decisión de dirigir, pese a tener mayor categoría como magistrado de sala, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional tras su salida del Consejo, lo que se interpretó como un intento de estar cerca del otro juzgado de este tribunal que instruía el sumario de Banesto y en el que se encontraba imputado su hermano Mariano. Un habilidoso personaje que ha salvado de no llegar a fin de mes a muchos jueces y fiscales ofreciéndoles colaboraciones en una empresa familiar -hoy en manos de la aseguradora Mapfre y de la que es apoderada Rosario Fonseca, ex esposa del juez- que se dedica a la edición de textos de jurisprudencia: Colex.Lo cierto es que Javier Gómez de Liaño si se ha caracterizado por algo en su último año como juez instructor ha sido por sus insólitas decisiones, desde la citación del entonces fiscal José Aranda como testigo en el caso Lasa y Zabala hasta la prohibición de salir de territorio nacional de Polanco y Cebrián pasando por la reciente apertura de diligencias a Garzón sobre presuntas filtraciones en torno al sumario sobre Sogecable.

Gómez de Liaño forma parte de un clan familiar vinculado al mundo del derecho y la justicia para el que no pasa el tiempo. En 1980 la sala segunda del Tribunal Supremo condenaba a tres meses de cárcel al entonces director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, por un editorial titulado "Prensa y democracia", en el que salía en defensa de la libertad de expresión tras la condena de una periodista ya fallecida que, para colmo, terminó anclada en la extrema derecha. El ponente de esa sentencia era un Gómez de Liaño -el viejo don Mariano, padre del juez- y uno de los magistrados que se pronunciaron en favor de la condena, un Márquez de Prado: el tío Fernando.

Diecisiete años después las evidencias ponen al descubierto que la historia, si es por historias, también se repite.