Medidas cautelares contra cinco consejeros

El juez Javier Gómez de Liaño mantiene medidas restrictivas sobre varios administradores de Sogecable y ha decretado una fianza de cinco millones de pesetas para José Antonio Rodríguez Gil, socio auditor de la consultora Arthur Andersen.Además de esta fianza, Liaño impuso a Rodríguez Gil la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes "y cuantas veces fuere llamado", así como la obligación de obtener la oportuna autorización cuando precise salir del territorio nacional y estar localizable en un número de teléfono.

Liaño acusó al auditor Rodríguez Gil de falsedad continuada en documento mercantil y delito societario por cooperación necesaria, en relación con el "caso" Sogecable.Para el juez Gómez de Liaño, "la libertad de cualquier imputado siempre es provisional e interina, pues, tan pronto sea procedente, la libertad puede convertirse en prisión". Así replicó el juez al letrado de Antonio López Fernández, cuando éste se negó a firmar el acta de comparecencia en la que constaba que su defendido, contra el que no se habían acordado medidas cautelares, quedaba en "libertad provisional".

Gómez de Liaño mantiene medidas cautelares contra los financieros Carlos March y Leopoldo Rodés, quienes tienen que presentarse en el juzgado cada 15 y 30 días, respectivamente. Además, deben pedir autorización al juzgado para salir del territorio nacional y tener un teléfono en el que puedan ser localizados.

Carlos March y Leopoldo Rodés representan la corporación financiera Alba en el Consejo de Administración de Sogecable. El presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), José Luis Leal, expresa su preocupación por las medidas cautelares adoptadas por Liaño contra Carlos March.

Siempre localizables

Las medidas restrictivas de movimientos afectan también a los abogados José María Aranaz y Gregorio Marañón, que deben pedir autorización al juez cuando quieran salir del territorio nacional y deben estar siempre localizables por teléfono.En el caso de Aranaz, el juez le impuso la necesidad de una autorización para salir al extranjero tras su comparecencia para declarar. Sólo dos días antes, la Sala de lo Penal le había revocado esa misma medida, adoptada por el juez cuando Aranaz ni siquiera había declarado.

La prohibición de salir de España sin autorización del juez. antes de declarar, que afectaba también al presidente de Prisa, Jesús de Polanco, y al consejero delegado, Juan Luis Cebrián, fue calificada de "arbitraria" por la Audiencia Nacional y fue una de las cinco desautorizaciones que ha recibido el juez Gómez de Liaño desde febrero.

Otros querellados que han comparecido y contra los que no se ha dictado ninguna medida cautelar, como Vicente Eulate Mac-Mahon y Antonio. López Fernández, han sido apercibidos para "permanecer a disposición permanente de este juzgado y comparecer cuantas veces sean llamados".