Arias-Salgado intenta parar las medidas de la Comisión Europea contra la 'ley digital'

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, envió ayer una carta a la Comisión Europea (CE) en la que asegura que no se va a retirar del mercado español "ningún descodificador, con independencia de que incorpore el sistema simulcrypt o el multicrypt", y que el Gobierno está dispuesto a que funcione simplemente el mercado sin que la Administración interfiera ni aplique medida alguna de restricción". Tan notable giro en la posición gubernamental se produce 24 horas después de conocerse el acuerdo de la Comisión para expedientar a España por la ley dígital.

El pasado 13 de junio, Arias-Salgado respondía en tono desabrido al comisario de Industria y Telecomunicaciones, Martin Bangemann, quien había anunciado en el Parlamento Europeo las medidas que la Comisión se disponía a adoptar contra la ley digital española. "Ni estamos ante una corrida de toros, ni la función de la Comisión es dominar a ningún Estado, sino aplicar la legislación europea", contestaba Arias-Salgado a Bangemann, según el texto difundido en su día por la agencia Efe.¿Qué ha pasado para que, en tan corto espacio de tiempo, Arias-Salgado dé marcha atrás a toda máquina? El hecho más claro es que los jefes de gabinete de los comisarios dieron el lunes el visto bueno al expediente contra España que ha preparado el comisario de Mercado Interior, Mario Monti, quien estima que la normativa española sobre esa materia viola el Tratado de Roma y tres directivas comunitarias.

Sólo la intervención in extremis de Marcelino Oreja evitó que este expediente fuera tramitado sin necesidad siquiera de debatirlo. Oreja logró que la Comisión lo situara en su orden del día para mañana. Por ese pequeño resquicio, el Gobierno trata ahora de hacer llegar al ánimo de la Comisión que está dispuesto a aplicarse medidas cautelares a sí mismo y por propia voluntad.

A tenor de la carta de ayer, ya no habría que preocuparse por la posibilidad de que puedan ser retirados del mercado los descodificadores que no se ajusten con exactitud al modelo fijado en la ley -medida inequívocamente dirigida contra los de Canal Satélite Digital-. Pero Arias-Salgado tampoco da garantías de que la ley cuestionada vaya a ser invalidada o corregida. En su carta, dirigida a Monti, sólo apunta que el Gobierno se propone lanzar "una campaña de información" sobre la forma de adaptar el sistema simulcrypt al de "interfaz común"; esto es, al que el Gobierno ha defendido como el único sistema legal en caso de que no haya acuerdo entre operadores.

¿Y si ese pacto no se produce? Arias-Salgado escribe: "En todo caso, Sr. Comisario, el Gobierno, al que sólo guía el interés de resolver un problema real, está dispuesto a que, transcurridos los plazos transitorios previstos en la ley, funcione simplemente el mercado sin que la Administración interfiera ni aplique medida alguna de restricción. De esta manera, la aplicación de la ley no causará daño alguno ni a los fabricantes ni a los importadores ni a los operadores".

Este tono, tan distinto de los métodos empleados meses atrás -incluido el envío de inspectores de la Administración a los hipermercados donde se vendían los descodificadores de Canal Satélite Digital, o la negativa a inscribir a esta empresa en el registro de operadores- se envuelve en un torrente de palabras conciliadoras: "Lo único que el Gobierno pretende es propiciar un pacto entre los operadores que garantice la libre concurrencia en el mercado". Parece como si el decretazo del 31 de enero pasado, la urgente ley digital posterior y el discurso contra "la necesidad de llenar la casa de descodificadores" pudieran desaparecer de un plumazo.