La comisión de investigación de Hacienda rechaza futuras amnistías fiscales

Medio año después de que el actual Gobierno denunciara la existencia de 600 expedientes fiscales a punto de prescribir, la comisión de investigación creada en el Congreso ha plasmado sus conclusiones en un documento -distribuido ayer- para su debate en el pleno del próximo jueves. Entre ellas, una de las más llamativas es que se rechaza "todo tipo de medidas de regularización o amnistía fiscal" en el futuro. Esta medida, propuesta por IU-IC contó con el respaldo de todos los grupos, con la excepción de CiU.

El grueso de las conclusiones responde a un acuerdo del PP con sus socios nacionalistas catalanes, vascos y canarios aunque también se incluyen algunas propuestas del PSOE y de IU-IC. Las no aceptadas en el documento final serán defendidas por cada grupo en el pleno del próximo jueves mediante votos particulares.Entre las recomendaciones aprobadas figura una que desaconseja futuras amnistías fiscales. Sólo CiU se opuso a ella pues considera que antes de la implantación del euro convendría hacer limpieza y dar facilidades para que aflore el dinero negro. En otros aspectos, la votación del jueves puede deparar alguna sorpresa ya que los diputados del Grupo Mixto no estuvieron en la reunión de la comisión que adoptó esas conclusiones y el PP sacó adelante algunas de ellas por los pelos.

Las conclusiones adoptadas por la comisión son las siguientes: Prescripción. Desde 1987 los contribuyentes "venían alegando" la prescripción en sus reclamaciones ante los tribunales [por transcurrir más de seis meses entre el acta de la inspección y su liquidación]. Un informe de la Dirección General de Tributos del año 1991 determinó que la inspección terminaba con la liquidación y no con el acta. Esa doctrina. no fue tenida en cuenta por los anteriores responsables de Hacienda al entender que se aplicaba sólo a la regularización fiscal de aquel año. En diciembre de 1992, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentenció que la inspección termina con la liquidación del acta. Informes. Desde diciembre de 1992 existen varios informes internos de Hacienda que alertan sobre el peligro de prescripción sin que 11 con anterioridad a 1995 se adoptara por la dirección de la Agencia Tributaria ninguna medida tendente a evitar las consecuencias especialmente graves".

Sentencias. En noviembre de 1994 la Audiencia Nacional emite una sentencia en la que establece el criterio de que el transcurso de más de seis meses entre un acta de la inspección y su liquidación supone la prescripción de una deuda fiscal generada cinco años antes. El 28 de febrero de 1996, el Tribunal Supremo sentencia en el mismo sentido. No obstante, esa sentencia "todavía no ha consolidado jurisprudencia, por lo que no pueden considerarse automática y globalmente prescritas las deudas contempladas en los listados remítidos a la conclusión". Se constata la existencia de un "conflicto jurídico" sobre la interpretación y alcance del Reglamento de la Inspección respecto de la prescripción "que subsiste en la actualidad". La actuación de la Administración Tributaria durante estos años se fundamentó en los criterios "que ha defendido y defiende"; es decir, que la inspección termina con el levantamiento del acta y no con la liquidación.

Traspaso de poderes. En el relevo de Gobierno en mayo de 1996, el Ejecutivo saliente entregó al nuevo un documento donde se advierte de la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo, pero "no se trasmite ninguna evaluación al respecto, ocultando el perjuicio patrimonial causado".

Controles informáticos. No hubo controles informáticos ni mecanismos de alarma sobre la tramitación de los expedientes fiscales, aunque hay importantes contradicciones en las declaraciones efectuadas ante la comisión al respecto.

Medidas. "No se tomaron medidas para dotar adecuadamente de medios humanos y materiales" a la Agencia Tributaria; ni para un eficaz servicio de control interno; ni para dotar a la inspección de servicios informáticos. Los defectos "que existían y existen" en la organización de la inspección "han dado lugar al incumplimiento reiterado de los plazos".

Expedientes. Se constata que "expedientes suceptibles de ser perjudicados por la posible prescripción corresponden a un determinado número de contribuyentes de elevada capacidad económica que pueden escapar al deber constitucional de contribuir". Entre ellos figuran 127 con deudas que superan los 100 millones. Negligencia en la gestión. Se aprecia en los anteriores responsables de Hacienda "negligencia en la gestión de los intereses de la Hacienda pública y una falta de impulso político para tomar medidas que hubieran evitado tales perjuicios patrimoniales". Propuestas. La comisión hace, por último una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento de la Administración tributaria. Se pide un plan de modernización; reformas en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de la Inspección; informe del Tribunal de Cuentas para que determine "las responsabilidades en que a su juicio se hubiere incurrido"; mejora en los planes de la inspección; informatización de la inspección; mayores medios; sistemas de control y seguimiento; control parlamentario; que el Gobierno declare lesivas las resoluciones en contra; y rechazo de medidas de regularización o amnistía fiscal en el futuro.