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El Gobierno se reserva la potestad de imponer día y hora de los partidos televisados en abierto

El PP retoca la 'ley del fútbol' en el Senado para pasar los encuentros al domingo

José Sámano

Los partidos de fútbol que sean declarados de interés general pueden ser programados, tanto en las televisiones públicas como en las privadas, a la hora y el día que decida el Gobiemo. El Ejecutivo se reservó ayer esta potestad al aprobarse en el Senado una enmienda a la !ey del fútbol que le faculta para desarrollar un reglamento en ese sentido. Aunque la ley no lo dice, el propósito es pasar al domingo los partidos en abierto. La facultad de señalar hora y día fue el único cambio introducido en el pleno de la Cámara Alta, que aprobó la ley con la oposición del PSOE y la inquietud de CiU y PNV. Para Joan Rigol (CiU) es una "ley endiablada" y para Xabier Albistur (PNV), un proyecto que "deja vivos los grandes problemas".

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"Reglamentariamente y en atención a los intereses deportivos y mercantiles afectados, podrían establecerse límites de días y horario para estas retransmisiones [de los partidos de Liga y Copa en abierto]". Esta enmienda transaccional -fruto de una iniciativa de Coalición Canaria- permite al Gobierno aprobar, vía decreto, el reglamento que fije la cartelera del fútbol en televisión, según admitió al término del Pleno Juan Moya, ponente del PP. Moya afirmó que el "Gobierno se reserva esa potestad" y que la enmienda intenta "proteger" a un sector que "crea mucho empleo" [la hostelería]. El senador popular expresó que la "voluntad del Ejecutivo es que el fútbol gratis se emita en abierto los domingos, en un horario que no perjudique a la competición".La noticia inundó de felicidad a los hosteleros. "Cambiar el partido al domingo dará un gran respiro al sector y evitará su hundimiento", subrayó José Luis Guerra, secretario general de la Federación de Restaurantes. Los clubes no se sintieron tan aliviados. Pedro Tomás, secretario general de la Liga de Fútbol Profesional, señaló que "si el partido televisado se diera a la misma hora que se juega la jornada e incluso hora y media después habría problemas para el público que acuda a los estadios, que no llegaría a tiempo del televisado". La Federación Española se mostró más cautelosa. Su secretario general, Gerardo González, opinó que el partido en abierto se debe televisar "cuando a los clubes le sea más rentable y siempre que no haya perjuicios para terceros

Intervencionismo

La enmienda fue calificada de "intervencionista" por el PSOE. Al ser preguntado Juan Moya si no supone una injerencia que el Gobierno pueda reglamentar la programación de las cadenas públicas y privadas, el senador popular apuntó: "No hay injerencia, lo que prima es el interés general". Ahora, los programadores televisivos, los anunciantes, las gerencias publicitarias de las cadenas y los clubes de fútbol tendrán que aplazar sus estrategias hasta conocer si hay reglamento y cuál es su contenido.La enmienda no fue aceptada por el PSOE, que pretendía que se mantuviera el texto íntegro de Coalición Canaria, que atribuía la necesidad del reglamento en "atención a los intereses laborales deportivos y mercantiles". Pero ¿el PP suprimió "laborales", al considerar que dicho término podría dar pie a que los sindicatos estuvieran representados -como quería el PSOE- en el Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas que tutelará la ley.

La ley del fútbol autoriza al Gobierno para la creación de este Consejo y concede un sillón en el mismo "a una representación de las autoridades gubernativas deportivas de ámbito estatal y autonómico, de las Federaciones de las Ligas Profesionales; de las Asociaciones de Deportistas Profesionales; de las entidades organizadoras de las competiciones y acontecimientos deportivos; de los medios de comunicación social, públicos y privados, y de las Asociaciones de Usuarios". No está claro quién nombrará a estos consejeros.

Rechazadas el resto de las enmiendas, el debate en el Senado arrojó mayor confusión si cabe a la ley del fútbol. "No estamos de acuerdo con la ley, pero ha habido diálogo", dijo Joan Rigol (CiU) para argumentar su oposición al veto del PSOE. Eso sí, para Rigol la ley es "endiablada" y, "confunde exclusiva con rnonopolio".

La posición del PNV fue aún más opaca. Desde que la ley saltó al escaparate parlamentario, los nacionalistas vascos siempre habían apoyado sin vacilar que el proyecto no es retroactivo y no vulnera derechos adquiridos. Ayer vieron cómo se rechazaba una enmienda suya que puntualizaba cómo deben adaptarse los contratos del pago por visión, y su ponente, Xabier Albistur espetó: "La ley nos deja preocupados, porque deja vivos los grandes problemas". "Es probable que el Gobierno tenga que hacer una nueva ley dentro de 18 meses", apostilló el senador vasco.

Disputa entre PP y PSOE

El resto de los grupos mantuvieron su credo. IU destacó contribución al consenso -"IU ha conseguido que esta ya no sea la ley de la confrontación", dijo el senador Román Clemente- Y PP y PSOE se enredaron en una disputa sobre intereses generales y particulares. "Esta ley es un bodrio y una chapuza", manifestó Jaime Lissavetzky (PSOE), que tachó el proyecto de "envoltorio para favorecer a una plataforma que impulsa el Gobierno y que le resulta más dócil que la otra". "¿Tan grandes y poderosos son los intereses particulares que ustedes defienden en este Senado?", replicó Juan Moya (PP). Este apuntó: "El sábado más de siete millones de espectadores vieron el Madrid-Atlético; ¿es o no de interés general el fútbol?". Lissavetzky contestó: "Si el interés general se mide por la audiencia, ¿por qué no legislar sobre Hostal Royal Manzanares?".

CiU incrementa la confusión

El Pleno de la Cámara Alta no introdujo otras modificaciones que la posibilidad de desarrollar un reglamento que marque el día y hora de los partidos. El resto de las enmiendas fueron rechazadas y se mantuvo la de Izquierda Unida respecto al pago por visión, que obliga a un acuerdo entre los operadores en el plazo de un año. Si no hay consenso, el Consejo emitirá un informe preceptivo al Gobierno.

Sin embargo, este último punto, el más polémico desde que empezó la tramitación del proyecto, volvió a ser objeto de controversia. El pasado jueves, en la Comisión Constitucional del Senado, CiU sorprendió al abstenerse en la votación de esa enmienda. Hasta entonces se había opuesto, y ayer quiso aclarar su posición. El senador Joan Rigol explicó que aquel cambio de orientación pretendía anular una enmienda del PNV que introducía subrepticiamente la retroactividad. De las palabras de Rigol parecía desprenderse que su grupo iba a abstenerse. Nada de eso. El estupor se multiplicó cuando al votar la transitoria de IU, los catalanes votaron en contra.

Terminado el Pleno, Juan Moya, por del PP, se apresuró a matizar a un reducido grupo de periodistas que esta ba autorizado por CiU para informar que los catalanes ha bían cometido un error. "Su intención política era abstenerse, pero se han equivocado al votar", subrayó Moya.

Minutos después, los periodistas consultaron al senador Josep Varela (CiU), que dijo ser consciente de haber votado en contra y así lo habían pretendido sus compañeros de grupo. El enredo se multiplicó cuando casi instantáneamente el portavoz catalán en el Senado, Joaquim Ferrer, a instancias de los periodistas, admitió que había sido un error. Más confusión a una ley confusa.

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Sobre la firma

José Sámano
Licenciado en Periodismo, se incorporó a EL PAÍS en 1990, diario en el que ha trabajado durante 25 años en la sección de Deportes, de la que fue Redactor Jefe entre 2006-2014 y 2018-2022. Ha cubierto seis Eurocopas, cuatro Mundiales y dos Juegos Olímpicos.

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