La UE rechaza la iniciativa española y consagra el derecho de asilo entre países comunitarios

ENVIADO ESPECIALEl derecho de asilo quedará consagrado en el futuro Tratado de Amsterdam. El Gobierno español hizo ayer de tripas corazón y se multíplicó para presentar como "razonablemente satisfactorio" el acuerdo final, pese a que los Estados podrán seguir adoptando las decisiones que consideren oportunas en este asunto, siempre que informen inmediatamente al Consejo de ministros si inician un procedimiento de concesión de asilo a un nacional de otro Estado miembro. La diplomacia española reconoció que con la redacción final no se niega el derecho de asilo, sino que se dificulta políticamente el proceso de concesión. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, admitió, en conferencia de prensa, que pese a todas las trabas legales que se puedan poner "siempre habrá pequeños peces que pasen la malla".

La negociación de este protocolo se endureció en la recta final del Consejo Europeo, al exigir Bélgica una referencia expresa a la Convención de Ginebra de 1951 sobre derecho de asilo, que quedó finalmente recogida en un nuevo considerando y en una declaración final que acompañan al artículo único del protocolo. La Convención de Ginebra, por lo demás, excluye que puedan acogerse a ella los ciudadanos relacionados con actos de terrorismo.Francia, sin embargo, ya había abierto brecha al añadir una frase crucial al final del artículo único. La frase, que asumió rápidamente la presidencia holandesa, indicaba que las solicitudes de asilo se atenderán basándose en la presunción de que son "manífestamente infudadas", pero "sin que afecte en modo alguno, cualesquiera puedan ser los casos, a la facultad de adopción de decisiones" de los Estados miembros a soberanía de cada Estado, con sus propios procedimientos judiciales, quedaba íncorporada al tratado.

España conseguía, sin embargo, un punto importante: cualquier procedimiento (le asilo para ciudadanos de Estados miembros será necesario comunicarlo "inmediatamente" al Consejo, lo que implicará, inevitablemente, un enfrentamiento político entre los Estados implicados. La disuasión política estriba en que los Estados de la UE eviten hacerse a la cara acusaciones de flagrantes violaciones de los derechos humanos o del Estado de Derecho, únicos supuestos que justifican la concesión del asilo al nacional de otro Estado. La comunicación al Consejo Europeo no implica otra cosa que los Estados miembros "toman nota" de la situación, sin más connotaciones jurídicas.La diplomacia española repitió ayer constantemente que el objetivo principal de su iniciativa se ha conseguido: evitar que el asilo pueda ser utilizado por personas relacionadas con actos terroristas, narcotraficantes u otros delincuentes en "fraude de extradición". Es decir, que un derecho secular se use para burlar la ley y escapar a la acción de la justicia de los Estados miembros de la UE.

Antigua reivindicación

La supresión del derecho de asilo, para evitar su posible utilización propagandística por el terrorismo, fue una reivindicación del Gobierno de Felipe González, que tuvo su origen precisamente en Bélgica, cuando dos presuntos colaboradores de ETA pidieron asilo para burlar un proceso de extradición iniciado por la justicia española. El actual Gobierno de José María Aznar asumió con entusiasmo la iniciativa y solicitó oficialmente, en septiembre de 1996, que "ningún Estado de la Unión admitirá a trámite una petición de asilo o refugio formulada por un nacional de otro Estado de la Unión".La iniciativa empezó pronto a capotar, pese al respaldo formal recibido por Aznar en la cumbre de Dublín. Contra la supresión del derecho de asilo se habían movilizado organizaciones como Amnistía Internacional (Al) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La propia Al manifestó ayer que los términos de la propuesta española "crearía un precedente peligroso", ya que "nadie puede garantizar que ciudadanos de un Estado miembro no tengan que huir alguna vez de las violaciones de los derechos humanos independientemente de que se trate de un Estado de la UE actual o en una UE ampliada".