El jefe de Seguridad del Cesid advirtió en julio de 1994 a Manglano sobre los negocios de Perote

El entonces jefe del departamento de Seguridad del Cesid, Juan del Río Martín, Rivera,elevó en julio de 1994 un informe al director general, Emilio Alonso Manglano, en el que le advertía del riesgo que entrañaba la conducta del ex responsable de la Agrupación Operativa Juan Alberto Perote. El informe alertaba, sobre la creación de un entramado de empresas de espionaje privado, con participación de antiguos agentes del Cesid, y sobre los múltiples contactos de Perote con miembros en activo del servicio secreto. Fue la última señal de alarma antes del estalllido del caso Perote, en la primavera de 1995.

El Cesid mantenía de forma permanente una operación, conocida con el nombre en clave de Somosierra, cuyo objetivo era seguir los pasos de los agentes que dejaban el servicio secreto.Esta actuación, de carácter casi rutinario, sirvió en 1994 para detectar que el coronel Juan Alberto Perote, expulsado en noviembre de 1991 tras una investigación interna por corrupción y tráfico de influencias, estaba creando un entramado de empresas dedicadas al espionaje privado con la participación de ex agentes del Cesid.

La noticia causó alarma en el centro, que en esos momentos atravesaba su primera crisis tras destaparse la red de escuchas ilegales montada por antiguos agentes del Cesid en tomo al diario barcelonés La Vanguardia.

Se daba además la coincidencia de que una de las personas relacionadas con la trama de Perote era precisamente el coronel Fernando Rodríguez González, Romeo, uno de los condenados en el caso La Vanguardia.

El coronel Rivera, jefe de Seguridad del servicio secreto, elevó en julio de 1994 un primer informe a Manglano. Según personas que han tenido acceso al documento, en el mismo daba cuenta de los negocios de Perote y del riesgo que suponían para el Cesid, especialmente si el centro aparecía vinculado a las actividades de su antiguo directivo.

Segundo informe en 1995

En mayo de 1995, Rivera remitió un segundo informe a Manglano, mucho más amplio y documentando que el anterior, pero ya era tarde: para esa fecha, Perote había sellado su alianza con el ex banquero Mario Conde, quien llevaba más de dos meses amenazando al Gobierno socialista con las microfichas sustraídas al Cesid por el coronel.Los citados informes, según las fuentes consultadas, daban cuenta de la trama empresarial de Perote, de la que ya informó EL PAÍS el pasado 7 de octubre. En efecto, el coronel, contratado como asesor de seguridad por la compañía pública Repsol, montó su propia empresa Z. P. A., de la que es administrador único.

A través de Z. P. A., Perote mantuvo intensas relaciones comerciales con Check-In, la firma del ex policía Francisco Álvarez, procesado por el. caso GAL, a la que Perote subcontrató parte de una investigación sobre contrabando de gasóleo y otra de tabaco, encargadas por Repsol y Tabacalera respectivamente.

Perote también facilitó contratos, a cambio del cobro de una comisión, a Argos 3.000, propiedad de dos agentes expulsados del Cesid, el comandante José Enríquez de la Torre y el cabo de la Guardia Civil Rafael Molero Dorado, que utilizaba a su esposa como testaferro.

Enríquez de la Torre fue el contable de Codeyco, la empresa pantalla del Cesid cuyas irregularidades provocaron la expulsión de Perote. Molero Dorado trabajó a las órdenes del coronel como agente de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME). El guardia civil contaba además con una empresa propia, la Compañía Económica y Representativa, dedicada a la "investigación científica".

Tanto Enríquez como Molero realizaron declaraciones favorables a Perote en los sumarios en los que está imputado; el primero, ante el juez militar, y el segundo, ante la juez de Madrid que investiga la escuchas del Cesid.

Otros ex agentes relacionados empresarialmente con Perote son Francisco Hortal, antiguo subordinado del coronel y socio suyo en Codeyco, propietario de la firma Ratelco; y Jesús Reina Godoy, dueño de Rego Seguridad. El entramado conocido de Perote se completa con Urgarri, de cuya administración se hizo cargo en 1995 sustituyendo en el cargo al hijo del coronel Fernando Rodríguez, Romeo.

También han trabajado para Perote, aunque no pertenecieron al Cesid, el ex guardia civil José María Velázquez Soriano, uno de los testigos de la acusación en los sumarios sobre el caso GAL, y el detective privado José Ramón Eiroa. Este último, poseedor de un auténtico arsenal de armamento, fue uno de los más asiduos visitantes de Perote durante su estancia en prisión.

El papel de Eiroa ha sido especialmente activo a lo largo del juicio que hoy concluye en el Tribunal Militar Central. Con media decena de hombres, que los periodistas confundían con agentes del Cesid, ha controlado los accesos actuando como jefe de la guardia pretoriana del coronel. Pero no ha sido su única labor: el 22 de noviembre pasado, un periodista de EL PAÍS que informa sobre el caso Perote fue espiado desde un vehículo matrícula M-5187-NJ. Su propietario es Eiroa.

Respecto al tipo de trabajos a los que se dedicaba la trama empresarial del coronel, el comandante José Manuel Navarro Benavente ha explicado que en 1993 Perote le mostró un escáner barredor de frecuencias, con el que interceptar llamadas de teléfonos móviles, y le pidió que hiciese para él la misma tarea que realizaba en el Gabinete de Escuchas del Cesid. El comandante rehusó la oferta. Cuando saltó el escándalo de las escuchas del Cesid, en junio de 1995, Perote intentó públicamente culpar a Navarro Benavente de haber filtrado la noticia al diario El Mundo.