Un informe del Tribunal de Cuentas critica la venta del 49% de la funeraria
El anteproyecto del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del gobierno municipal, del PP, durante 1992 cuestiona la legalidad del proceso de venta del 49% de las acciones de Empresa de Servicios Funerarios a la sociedad privada Funespaña.Esta sociedad consiguió el 49% de la funeraria por 100 pesetas, e invirtió otros 200 millones en una ampliación de capital. La privatización se aprobó en diciembre de 1992, cuando la funeraria municipal atravesaba su peor momento, con pérdidas en sus últimos ejercicios.
El paso a manos privadas del 49% de la empresa dio un vuelco al negocio y los beneficios empezaron a llegar todos los años, alcanzando en 1996 los 1.000 millones de pesetas. El informe del tribunal apunta que el Ayuntamiento pudo actuar de forma arbitraria al vender por 100 pesetas una empresa cuyo valor patrimonial, según el interventor general del propio Ayuntamiento, ascendía a 1.098 millones de pesetas, según publicó ayer El Mundo.
Los auditores públicos concluyen que el procedimiento de privatización fue discriminatorio y no ajustado a derecho y señalan que es contradictorio que la empresa privada que ha conseguido el 49% de las acciones se lleve el 65% de los beneficios, mientras que el Ayuntamiento, con el 5 1% de la funeraria, sólo ingrese el 35% de las ganancias conseguidas por la empresa anualmente.
IU denunció en su momento la "irregular" privatización ante la Fiscalía Anticorrupción, presentó una querella y exigió en el Congreso de los Diputados que se examinaran las cuentas de la privatización. Ayer, la oposición municipal, tanto PSOE como IU, pidieron de nuevo una investigación a fondo sobre las denuncias formuladas por el tribunal.
Tranquilos
La auditoría provisional que ahora ha concluido ese organismo ha sido remitida al Ayuntamiento de Madrid para que esta institución formule las correspondientes alegaciones.Pedro Bujidos, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, ya ha iniciado los trabajos para contestar a los reproches que hace el Tribunal de Cuentas. "Estamos tranquilos. En el anteproyecto no se imputa ninguna responsabilidad por alcance, lo que significa que no ha habido ningún daño patrimonial al Ayuntamiento en la privatización. El Tribunal de Cuentas nos sugiere que busquemos responsabilidades administrativas en la venta de las acciones, pero no sabemos dónde debemos buscarlas, porque todo fue claro y transparente".
Los magistrados del Tribunal de Cuentas tendrán que analizar ahora las alegaciones municipales para decidir si retiran sus denuncias por irregularidades o, por el contrario, las mantienen. El informe definitivo sobre la privatización de la funeraria, que todavía tardará unos meses en redactarse, deberá ser aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas.
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