Perote y el resto

DOS AÑOS después de su detención, hoy se inicia el juicio contra el coronel Juan Alberto Perote, ex número dos del servicio secreto español, acusado de un delito de revelación de secretos, por el que podría ser condenado a 10 años de cárcel. No es habitual que en la jurisdicción militar se demore tanto el inicio del juicio oral. Si ha ocurrido en este caso es por los numerosos recursos dilatorios planteados por el abogado del procesado, Jesús Santaella, que lo es también del ex banquero Mario Conde. Un último recurso presentado hace 10 días podría dar lugar a la suspensión del juicio una vez iniciado. Ese recurso plantea la nulidad de la causa, dado que el acuerdo del Consejo de Ministros (de 1996) que declaró secreto todo lo relacionado con el Cesid no llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado.Las garantías procesales deben respetarse en todo caso, pero no sería presentable escamotear una vista que debe clarificar algunos asuntos de enorme interés público y cuyas derivaciones siguen pesando sobre la vida española. La primera incógnita a despejar es con qué fines se llevó Perote las 1.200 fichas microfilmadas que reproducían las notas de sus despachos con el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, entre 1982 y 1989. La publicación por parte del diario El Mundo de parte de esas fichas en junio de 1995 provocó una crisis política que hizo dimitir, además de al director del centro, al ministro de Defensa, García Vargas, y al entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Por otra parte, esos materiales sirvieron para elaborar una especie de memorándum sobre la guerra sucia contra ETA, cuyas conclusiones fueron mostradas a diferentes personalidades de la vida pública española por el abogado de Perote y Mario Conde en un intento de chantajear al Gobierno. El propio Perote, en una entrevista publicada en octubre de 1995, insinuó que la implicación de altas personalidades favorecería la búsqueda de "una solución política" para "aliviar las responsabilidades" de los entonces procesados en relación con el caso GAL.

Se trata, por tanto, de un asunto no caducado y cuyo interés desborda el personal de Perote, cualesquiera que fueran sus móviles iniciales. Por ello mismo, la vista debería ser pública. La legislación militar permite decretar que el juicio se celebre a puerta cerrada en determinadas circunstancias. Sin embargo, a estas alturas, nada sería más pernicioso para el crédito del servicio secreto como escudarse en esa posibilidad para sustraer a la opinión pública el conocimiento de los pormenores del caso.

Perote siempre ha mantenido que se llevó las microfichas inadvertidamente al ser separado del servicio en 1991, que las devolvió en cuanto se lo solicitaron y que no conservó copia de las mismas. Su salida del Cesid fue solicitada por el propio Perote, según su versión, y negociada con Manglano. Pero nunca ha quedado claro cuál fue el motivo que provocó el distanciamiento entre ambos, ni si ese motivo podría explicar la cautela de llevarse el comprometido material. El conocimiento reciente del contenido de uno de los sumarios de los GAL, el del caso Oñederra, recoge una declaración de Perote al juez Garzón en la que admite, en contradicción con lo declarado al juez Palomino, que no destruyó todos los originales, sino que conservó algunos para la "oportuna constancia".

Pero lo que de momento consta es que esos papeles fueron publicados por El Mundo, aparentemente para dar verosimilitud a la amenaza deslizada previamente ante el ex presidente Suárez para que éste la hiciera llegar al Gobierno. Documentos como las cartas de Perote a su abogado -reproducidas ayer en EL PAÍS- en las que le sugiere cómo enmascarar el origen de las filtraciones a El Mundo dejan al descubierto los tejemanejes de un supuesto periodismo de investigación, cuyo concurso resultó imprescindible para que el material presuntamente robado por Perote pudiera ser utilizado para fines muy alejados de su contenido, como la exigencia por parte de Conde de una indemnización de 14.000 millones de pesetas por los perjuicios que le había ocasionado la intervención de Banesto. El tribunal tiene muchos hilos de los que tirar y es de esperar que no deje de hacerlo.