La Junta de Fiscales de Sala acusa al Gobierno de "una quiebra grave del modelo constitucional"

La Junta de Fiscales de Sala, el organismo asesor en materia doctrinal y técnica del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, sugirió ayer a éste que presente su dimisión en una carta en la que le piden que valore cómo puede ser compatible su continuación en el cargo con actuaciones como el nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. En una durísima declaración sin precedentes, acordada por unanimidad de la Junta, todos los generales de la carrera fiscal expresaron a Cardenal su "honda preocupación" porque, entre otras cosas, su actuación y la del Gobierno "representan, objetivamente, una quiebra grave del modelo constitucional del Ministerio Fiscal".

La propuesta de dimisión de Cardenal por unanimidad de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo. que integran la cúpula de la carrera fiscal, además de no tener precedentes históricos fue valorada en fuentes fiscales como de mucho mayor alcance y gravedad que la misma dimisión reclamada desde el ámbito de las asociaciones profesionales. Tanto el tono como el fondo de la nota entregada a Cardenal implican la mayor descalificación recibida nunca por un fiscal general del Estado por integrantes del departamento a su cargo.En la reunión de ayer, Cardenal leyó a la Junta de Fiscales el texto de su propuesta de ascenso y nombramiento de Fungairiño elevada al Gobierno. Los fiscales de Sala criticaron no haber tenido conocimiento oficial de la misma hasta ayer, cuando desde el pasado viernes el documento estaba en todos los medios de comunicación. El fiscal general les dijo que en el texto de su propuesta de nombramiento ya estaban resueltas la mayoría de las cuestiones que contiene el escrito de los fiscales. Pese a ello, todos los Fiscales de sala, por unanimidad, firmaron el escrito y se lo entregaron al fiscal general.

En dicho texto, los generales de la Fiscalía del Estado recuerdan a Cardenal que "el único ascenso de categoría en la carrera fiscal" que no se rige por el principio de antigüedad es el de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que según el artículo 13.2 del Estatuto ha de hacerse "conforme a los informes" del Consejo Fiscal.

"De acuerdo con tal precepto, desde la vigencia del Estatuto de 1981, tanto los fiscales generales como los sucesivos gobiernos han hecho una interpretación concordante y pacífica de que la propuesta para ascender a fiscal de sala sólo podía hacerse conforme al criterio mayoritario del Consejo Fiscal", añaden.

La voluntad del legislador, selos fiscales de Sala, era conferir a dicho Consejo "una función más que simplemente asesora", que "ha venido vinculando en estos supuestos al fiscal del Estado", por lo que dichas atribuciones del Consejo son "decisorias y no meramente consultivas".

En consecuencia, los fiscales manifiestan a Cardenal su "completa discrepancia" con la interpretación que le ha llevado a proponer el ascenso de Fungairiño, "abstracción hecha", añaden, "de que además recaiga sobre quien ha estado sometido a expediente disciplinario y sancionado por una falta grave, pese a lo cual es promocionado elevándolo a la máxima categoría de la Institución"

También le expresan a Cardenal "la sorpresa añadida" de que la propuesta de Fungairiño haya resultado "manifiestamente contradictoria" con sus propias declaraciones a la prensa, en las que dijo que el dictamen del Consejo Fiscal era vinculante".

Para la Junta de Fiscales de Sala, la propuesta de Cardenal entraña "una infracción del contenido de la norma", por lo que consideran procedentes las iniciativas para recurrir la resolución del Gobierno en vía contencioso-administrativa.

Exponen también su preocupación por haberse producido "la más completa marginación" de los órganos que asisten al fiscal del Estado" en todo el proceso, "desnaturalizándose así el normal funcionamiento de la institución".

Grave quiebra

Los fiscales de Sala concluyen que la actuación de Cardenal y del Gobierno "representa, objetivamente, una quiebra grave del modelo constitucional del ministerio fiscal, en cuanto reduce considerablemente la autonomía funcional del mismo y acentúa su sometimiento al Poder Ejecutivo, no importa del signo que sea". Añaden que dicha quiebra puede conducir a toda la institución a un "proceso histórico de deslegitimación" y a erosionar la confianza de los ciudadanos en el ministerio fiscal.

Por últirno, los fiscales no dudan en calificar el nombramiento de "preocupante y grave" para el futuro constitucional del ministerio fiscal, por lo que consideran que la actuación de Cardenal no parece haberse ajustado estrictamente al principio de legalidad, principio rector esencial del ministerio fiscal".

"Por todo ello", concluyen, "sometemos a la consideración de V. E. que valore cómo puede hacerse compatible, en el Estado Democrático de Derecho vigente, la continuación en el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado con actuaciones como la expuesta, que sitúan a la institución en una grave crisis, sobre todo cuando V. E. no sólo es el primero y más obligado a respetarla sino a garantizar su adecuado funcionamiento constitucional".