El actual director de la Agencia Tributaria dejó sin liquidar 48 expedientes por 2.786 millones

Jesús Bermejo, actual director de la Agencia Tributaria, dejó sin liquidar 48 expedientes de fraude fiscal por valor de 2.786 millones de pesetas en la época en que estaba habilitado para ello, durante la administración socialista. Así consta en la nueva documentación enviada por Hacienda a la comisión del Congreso que investiga la presunta amnistía fiscal del Gobierno socialista a sus "amiguetes" en expresión del PP. La razón de no liquidar esas actas es que se consideró que ya habían prescrito, según el informe. La difícil posición del director de la Agencia y el descontento de los funcionarios de Hacienda por la utilización política de este escándalo han minado la confianza entre Bermejo y el secretario de Estado, Juan Costa.

El pasado viernes llegó al Congreso el último de los informes solicitados por la comisión de investigación, casi cuatro meses después de haber sido requerido. Es una explicación detallada de los expedientes que pasaron por manos del actual director general de la Agencia Tributaría, Jesús Bermejo. Es decir, aquellos que tenía que firmar como habilitado para ello (entre el 21 de enero de 1993 y el 20 de julio de 1994) o ya como responsable de la Unidad del Fraude (entre el 20 de julio de 1994 y febrero de 1996).La resistencia a enviar esa documentación ha sido interpretada por el PSOE e IU-IC como una forma de salvaguardar la comprometida posición de Bermejo: fue el impulsor de la denuncia que en enero pasado lanzó Costa sobre los 200.000 millones presuntamente prescritos y, sin embargo, es responsable de parte de ellos.

En un principio, los expedientes tramitados por la Unidad del Fraude aparecieron diluidos en los de la Oficina Nacional de Inspección (ONI). La razón esgrimida por el propio Bermejo ante la comisión era que no pensó que se tratara de especificar hasta ese punto. De hecho, la Unidad del Fraude se disolvió en febrero de 1996 y se integró en la ONI pero, cuando el PP ganó las pasadas elecciones, se restauró su índependencia administrativa. ,

La insistencia de la oposición ha permitido esclarecer la actuación de Bermejo, número tres de Hacienda después de Costa y del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato. De la información remitida el pasado viernes al Congreso se desprende que Bermejo dejó sin liquidar 48 expedientes por valor de 2.786 millones en la época en que estaba habilitado para ello. Una habilitación que él califica de "anómala".

La liquidación se produce después de incoado el acta por un presunto fraude fiscal, determina la deuda tributaría y permite recurrirla en caso de disconformidad. Si no se liquida es, por tanto, como si el trabajo de la inspección no se hubiera hecho, lo que condena las actas al último cajón.

El informe de Hacienda da dos argumentos para justificar _que esas deudas fiscales ya habían prescrito en el momento en que Bermejo fue habilitado para liquidarlas. Primero, que la inspección estuvo paralizada más de seis meses -"además de anomalías procedimentales relativas al inicio de las actuaciones inspectoras"- y, segundo, que después del acta ya habían pasado otros seis meses. Hasta febrero de 1996, dos años después, el Tribunal Supremo no se pronuncia en relación al segundo de los motivos que se alegan.

Además, se explica que hay otros 21 expedientes por valor de unos 300 millones de actas incoadas y liquidadas durante el periodo de habilitación de Bermejo (véase EL PAIS del pasado 24 de mayo) e igualmente prescritas. Y hay, por último, otras 29 incoadas en esas fechas y liquidadas por Bermejo como jefe de la Unidad del Fraude también prescritas. No hay actas prescritas iniciadas y terminadas por Bermejo como responsable de la Unidad del Fraude.

Al margen de las conclusiones a las que llegue la comisión, es muy probable que el actual equipo de Hacienda deba pagar parte de la factura que se quiere pasar al PSOE. De hecho, se ha producido una clara quiebra de confianza entre Costa y Bermejo.

El primero ha abierto una investigación sobre las visitas nocturnas de Bermejo a su antiguo despacho de la Unidad del Fraude. El segundo no lo entiende y no comparte el uso político que se ha hecho del asunto. Como mar de fondo: el clima "enfermizo" entre los funcionarios de Hacienda, "injustamente" involucrados en acusaciones de "amiguismo, negligencia y caos". El cese de Bermejo cerraría heridas, pero supondría admitir un grave error político.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT), Juan Carlos Para, declaró ayer a Europa Press que, cuatro meses después de la denuncia sobre la supuesta "amnistía fiscal", no hay pruebas de "amiguismo", aunque sí de que hubo "errores en el funcionamiento administrativo de la Agencia, y esto es muy grave". Para añadió que no es real la cifra de 223.000 millones de deuda prescrita que maneja el PP, ya que "los contribuyentes suelen ganar más de la mitad de los pleitos con Hacienda, por lo que serían unos 80.000 millones".