CiU no ve responsabilidades políticas en la "amnistía fiscal" denunciada por el PP

CiU se desmarcó ayer del PP en su búsqueda de responsabilidades políticas por la supuesta amnistía fiscal del Gobierno socialista a sus "amiguetes". El representante de CiU en la comisión parlamentaria de investigación, Francesc Homs, dijo que ni existen en la prescripción de expedientes fiscales, ni en el desistimiento de un recurso contra La Caixa, ni en la retirada de las sanciones. Pedro Solbes, ex ministro socialista de Economía y Hacienda, desveló que Rodrigo Rato, el actual, sólo le recibió durante dos horas en el traspaso de poderes.

Ni el PP mantiene, hoy por hoy, sus graves acusaciones de enero pasado. La imputación, implícita, de que se había cometido algo muy cercano a un delito de prevaricación (dictar a sabiendas resoluciones injustas) está ya fuera de lugar. Se nota en los trabajos de la comisión. En las primeras sesiones, la dureza de los interrogatorios creaba un clima de alta tensión. Ayer hubo hasta bromas.Francesc Homs, de CiU, avan- zóayer un paso más y dijo, ante el último ministro socialista de Hacienda, Pedro Solbes, que su grupo no ve responsabilidades políticas en el retraso de los expedientes supuestamente afectados por la prescripción. También eximió a Solbes de cualquier irregularidad en el desistimiento de un recurso contra La Caixa sobre una de las modalidades de primas únicas, así como en la retirada de las sanciones en otro de sus productos. El expediente de La Caixa fue señala do por el PP como uno de los máximos exponentes del amiguismo socialista. En el resto de los casos, Homs circunscribió el problema a una posible actuación poco eficaz de los inspectores. Tanto Solbes como su antecesor, Carlos Solchaga, que también compareció ayer ante la comisión, defendieron a los funcionarios. "Si se hubiera suscitado una injerencia política, estoy seguro de que me lo habrían hecho notar", dijo Solbes.

El propio representante del PP, Jaime Ignacio del Burgo, advirtió que "nadie ha puesto en duda la honestidad de las personas que han dirigido la Administración Tributaría", pero faltan "223.000 millones" y "queremos saber por qué".

Solchaga le respondió que, "si no se está hablando de la honestidad de los funcionarios ni de los responsables políticos, se trata de otro problema"; en concreto, de cómo se interpretaba el reglamento de la inspección y de la complejidad de algunos expedientes. Solchaga añadió: "Entre las muchas preguntas que en mi época se me formularon en el Congreso, nadie del PP me planteó nada sobre ese clamor en tomo al peligro de prescripción".

Solchaga quiso también dejar claro que la lucha contra el fraude fue una de sus principales preocupaciones. Así, dijo que "a finales de los 80" reunió a los bancos y cajas "para advertirles que no se pasaran de listos y dejaran de sacar productos opacos". Ahí se pararon las primas únicas o las cesiones de crédito, según él. Con todo, Del Burgo le achacó "una gran derrota en su cruzada contra el fraude". Solchaga le replicó que las declaraciones de la renta se duplicaron y aumentó la conciencia fiscal.

Por su parte, Solbes insistió en que en el traspaso de poderes había informado a su sucesor, Rodrigo Rato, sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo -publicada en plena campaña electoral, en febrero de 1996- en uno de los documentos entregados. Agregó que a nivel de la Secretaría de Estado de Hacienda sí se había tratado ampliamente el asunto durante el relevo.

"Sólo pude despachar con Rato dos horas y el mismo día de su toma de posesión", dijo Solbes, "por lo que me centré en los asuntos importantes". Solbes negó que alguien se llevara datos y mostró su extrañeza por que esta acusación se haya efectuado un año después del traspaso de poderes.