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El alcalde pide un informe jurídico que aclare si es legal su Plan General

El Plan General del Madrid del siglo XXI, el documento que define el crecimiento de la ciudad en los próximos 12 años, que ha sido aprobado tres veces por el Ayuntamiento y una por la Comunidad, tiene que cumplir un trámite más. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, a iniciativa del PSOE, ordenó ayer al secretario municipal que redacte un informe a fin de aclarar si es legal el documento. El PSOE sostiene que las correcciones que le impuso el Gobierno de Ruiz-Gallardón (40 condiciones y seis grandes proyectos echados abajo) invalidan el Plan General. "Lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento es haber rehecho el Plan. La Comunidad no es quién para enmendar la plana al municipio y corregir cosas; se tenía que haber limitado a aprobarlo o a rechazarlo en bloque. Y como la Comunidad no tiene esas competencias, el Plan aprobado es suceptible de ilegalidad, de que alguien lo impugne y se quede paralizada la ciudad", sostuvo Juan Barranco, portavoz socialista.Entre los proyectos urbanísticos del alcalde tumbados por Ruiz-Gallardón se cuentan la rebaja en la edificación prevista de los 900 pisos que el municipio pensaba construir en el barrio de Valdemarín y las 320 casas de la Mina del Cazador, entre la Casa de Campo y Aravaca.

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El informe del secretario municipal deberá estar listo antes de 20 días.

El alcalde decidirá personalmente si bautiza Montecarlo a la avenida de Guadalajara

En el pleno municipal de ayer se entablaron debates semánticos y estéticos trufados con palabrotas para decidir el nombre de una calle; se conformaron extrañas pinzas políticas llenas de matices entre el PP e IU en asuntos concretos como la rescisión del contrato con EDS, que se encargaba de la gestión de las multas, el traslado de los chabolistas de la Cañada Real y las nuevas tarifas de media hora de los aparcamientos; se pidió, como viene siendo costumbre, la dimisión del concejal de Hacienda; y se produjo una alianza unánime pocas veces vista entre todos los grupos políticos para intentar que el Museo del Ejército no vuele hacia Toledo como quiere Aznar. Estos son los principales puntos que se trataron:La calle de Rainiero. Todo empezó cuando el concejal de la Junta de San Blas decidió hace dos semanas cambiar el nombre de la avenida de Guadalajara, donde estuvo situado un poblado chabolista infestado de droga, por el más aristocrático de avenida- de Montecarlo, según él, porque los vecinos quieren olvidarse de la mala fama de la calle. El concejal de IU, Manuel Lindo, dijo ayer, a la hora de votar la propuesta: "Somos rojos, pero no gilipollas, y no querrá que aceptemos esto; intentar cambiar el nombre de una calle para que olvidemos la marginalidad que la ocupó no tiene sentido; además, es de gusto hortera: prefiero Guadalajara a los Grimaldi. ¿Por qué no ponen calle de Rainiero?". El alcalde, José María Álvarez del Manzano, se sobrepuso a la carraspera que por un resfriado le aquejó toda la mañana y regañó: "Es la segunda vez que le tengo que advertir en esta legislatura por hablar mal, señor Lindo; a la tercera habrá consecuencias graves". Posteriormente, el alcalde sentenció el asunto: "Me ocuparé personalmente y ya veré si se le cambia el nombre". A todo esto, la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara han terciado en la disputa y han pedido a Álvarez" del Manzano por escrito que no modifique nada.

Atípicas pinzas. El grupo municipal de IU votó a favor de tres puntos propuestos por el PP: la rescisión del contrato con la multinacional norteamericana Electronic Data Systems (EDS), que se ocupó durante dos meses, sin cumplir las condiciones del contrato, según el Ayuntamiento, de notificar las multas de tráfico; la rebaja en media hora de la tarifa mínima de los aparcamientos de concesión municipal (que a partir de junio serán . de 130 pesetas la primera media hora y 105 la segunda), y el traslado de los chabolistas de la Cañada Real. Aunque IU votó a favor, criticó estas tres medidas por "insuficientes". El concejal de este grupo, Gerardo del Val, realmente emocionado a la hora de criticar al responsable de Hacienda y de haber contratado a EDS, Pedro Bujidos, terminó su turno de palabra con un apocalíptico: " ¿Cuándo va a dimitir?'. "En cuanto me lo diga el alcalde, me voy rápidamente", le contestó el interpelado. El PSOE votó en contra de estos tres puntos.

El museo de todos vuela. En un asunto relacionado con las armas, todos los grupos estuvieron de acuerdo: Rafael Simancas, del grupo socialista, pidió al PP que no "se deje robar" el Museo del Ejército. "Señores, el presidente del Gobierno, el señor Aznar, quiere llevarse este museo a Toledo, y lo debemos impedir. Propongo que se inste al Ministerio de Defensa, su propietario, a que lo deje aquí. ¡No se dejen robar la cartera!". El concejal de Cultura, Juan Antonio Gómez Angulo, le contestó que en el gobierno del Ayuntamiento "nadie se deja robar la cartera". "Lo que pasa es que ese museo no es nuestro, pero estamos de acuerdo en volver a pedir que no se vaya", dijo Gómez Angulo, que acabó en voz alta pidiendo, con algo de impotencia, la colaboración "de intelectuales madrileños, de asociaciones de la ciudad y de personas de relieve que ayuden a convencer a las instituciones".

El cambio de Francos Rodríguez. El grupo municipal de IU reclamó que la calle de Francos Rodríguez, en el distrito de Tetuán, gane metros de acera para los peatones, tal y como se ilustra en un plan llevado a cabo por arquitectos vecinos de la zona. El concejal de Obras, Enrique Villoria, respondió que iba a estudiar el asunto, pero rechazó los planos ofrecidos. "Éstos [refiriéndose a los concejales de IU] se creen que basta con dibujar las aceras; y no. Las cosas son más difíciles: hay que tener en cuenta las acometidas de agua, otras obras paralelas. Yo me comprometo a cambiar la calle, pero con la ayuda de los técnicos municipales", confirmó en los pasillos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de mayo de 1997

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