Palabra de Rodríguez
CUANDO ALGUIEN dice "¡y tú más!" está reconociendo: "Yo, por supuesto". Ésa es la contradicción en la que está atrapado el Gobierno en su agresiva estrategia de defensa del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, acusado de haber amenazado con la cárcel al empresario Antonio Asensio tras haber defraudado éste las expectativas gubernamentales. Uno de los elementos que daban verosimilitud a la acusación es que esa amenaza se plasmó en una denuncia anónima contra Asensio tramitada por el fiscal general.Por eso Rodríguez se empeñó ayer en buscar la simetría a todo precio, de manera que el asunto pudiera plantearse en términos de palabra contra palabra: el amenazado fue él, y Asensio, el amenazador. Claro que las amenazas proferidas por él las conocemos al detalle y por cuadruplicado. Nada explicó en cambio de las que habría recibido ¡el 26 de noviembre!, dos días antes de que Asensio posara públicamente para la foto de la plataforma digital del Gobierno. Demasiada simetría para no resultar sospechosa. De momento, lo único seguro es que el Gobierno trató de crear un grupo afín para contrarrestar la influencia de medios considerados no favorables a sus intereses y que, al fallar sus planes, utilizó el poder para legislar contra esos medios. Se confirma así que toda mala causa conduce al empleo de métodos inconfesables. Y quienes recurren a ellos suelen mentir o escudarse en que sus rivales hicieron lo mismo.
Después de ampararse en el carácter privado de sus conversaciones y de desautorizar luego a sus denunciantes por su condición de asalariados de Asensio, Rodríguez se sacó ayer de la manga un episodio que ha debido memorizar en las últimas semanas y que presenta a un Asensio amenazante justo cuando estaba asociado al proyecto digital del Gobierno. Todo dentro de la lógica del "y tú más" a la que responde este Gobierno cada vez que la oposición censura sus actos. Sólo desde esa lógica se explica que el PP haya respondido a la petición socialista de investigar en el Parlamento las supuestas amenazas a los medios y los eventuales abusos de poder del Gobierno con otra comisión paralela que analice lo que hicieron en este mismo campo los Gobiernos socialistas.
El PSOE planteó ayer que la investigación se remonte hasta el inicio de la transición. Que hay materia para investigar, no nos cabe ninguna duda, y no seremos nosotros quienes nos opongamos. Pero usar el Parlamento para ajustar cuentas con el pasado tiene poco que ver con las funciones de control del Gobierno que la Constitución le atribuye. Se da la paradoja de que una democracia que por prudencia renunció a investigar a la dictadura parece empeñada en abrirse procesos generales a sí misma. ¿Está dispuesto el Ejecutivo a correr tales riesgos por salvar a un portavoz pirómano?
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