'Diario 16' pide ayuda a sus lectores para evitar el riesgo de quiebra

Al borde del abismo y esquivando empujones. Así se sienten los actuales responsables del Grupo 16 -Diario 16, Cambio 16 y Motor 16-, enfrentados a una grave situación. Su editor, Juan Tomás de Salas, ha denunciado una campaña para acabar con dicho grupo, encabezada por El Mundo y por la cadena COPE, a los que atribuye presiones sobre sus acreedores para evitar la firma de un convenio que permita la salvación del grupo periodístico, en connivencia con el Gobierno del PP. En su edición de ayer, Diario 16 pedía a sus lectores una ayuda económica directa.

El Grupo 16 debe 22.000 millones, la mitad de ellos a acreedores privados, fundamentalmente un grupo de bancos. Respecto a esta parte de la deuda, ha propuesto un convenio, que debe ser ratificado hoy, por el cual se pagaría el 20% de esa deuda en 10 años, con tres de carencia.Según explican Juan Tomás de Salas, el consejero delegado del grupo, Ángel Campos y el asesor jurídico de las publicaciones, Francisco Pasarín, el futuro de las mismas depende, sobre todo, de que los bancos acepten el convenio propuesto. Si no lo aceptan, no habrá ni convenio, ni futuro para el grupo.

La lista de bancos acreedores la encabezan el BCH (1.800 millones entre deuda directa y publicitaria) y el. BBV (645 millones). "La deuda" asegura De Salas "es imposible de pagar. Fue contraída cuando el grupo tenía otra dimensión. Con la que tiene ahora, es imposible de resolver". El problema, según De Salas es que entre los bancos no hay una opinión unánime.

Sólo el Santander, según el abogado Pasarín, se ha mostrado dispuesto a firmar el convenio, aunque el banco no confirmó ayer esta afirmación. En el resto de la banca, las posiciones oscilan entre la duda y la negativa ratificar el acuerdo, según fuentes bancarias.

De Salas asegura que los acreedores están recibiendo presiones para impedir la salida de la crisis del Grupo 16. Atribuye la presión a Pedro J. Ramírez "obsesionado" con el Grupo y a la COPE, con el periodista Antonio Herrero a la cabeza. Pero achaca también buena parte de la responsabilidad al Gobierno del PP, tanto al central como al autonómico que preside Alberto Ruiz Gallardón.

El consejero delegado del Grupo, Ángel Campos -exresponsable de prensa de CC OO- afirma que en los últimos meses han observado un cambio de actitud entre los acreedores más importantes, paralela a la actitud de "silencio" adoptada por el Gobierno.

Cartas para Aznar

"Hemos mandado cartas a José María Aznar y al vícepresidente Álvarez Cascos, explicando la situación" añade Campos, "y "no hemos recibido ninguna respuesta. El único contacto de los últimos tiempos ha sido con la Secretaría de Estado de Comunicación. Entregamos la propuesta de convenio de acreedores a una persona de la Secretaría de Estado hace un mes y no hemos tenido respuesta alguna".Al igual que De Salas, Campos destaca la actitud "distante y hostil" de la Administración del PP hacia su grupo. En su edición de ayer, Diario 16 recordaba, además, que la Comunidad de Madrid no ha concretado las ayudas oficiales que llegaron a ser aprobadas en forma de aval y denunciaba que El Mundo se beneficia de la publicidad institucional en mayor medida que otros medios de comunicación.El calvario financiero del Grupo 16 se inició en septiembre de 1995, cuando presentó declaración de suspensión de pagos. Desde entonces ha habido cambios en su propiedad: el editor José Luis Domínguez traspasó la mayoría de sus acciones al antiguo propietario, Juan Tomás de Salas, y este último asumió la dirección de Diario 16. Su plantilla ha quedado reducida hoy a 350 empleados.Durante casi dos años, las publicaciones del Grupo 16 han conseguido sobrevivir a duras penas. Pero el momento crucial ha llegado. Hoy, los gestores de la publicación deben acreditar en el juzgado que la mayoría de sus acreedores privados aceptan su plan para levantar la suspensión. El convenio debe ser aceptado al menos por representantes de dos tercios de la deuda. De lo contrario, sólo caben la declaración voluntaria de quiebra; la solicitud de una nueva suspensión (opción que los propios gestores califican de "irreal"); o instancia de quiebra por algún acreedor.